El gobierno español solicitará de manera "inminente" la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), al amparo de la ley de memoria democrática y de la normativa sobre fundaciones y después de poner fin al proceso administrativo, según ha anunciado este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. "Enviaremos al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas e intentan blanquear la dictadura", ha dicho Urtasun en una rueda de prensa. Así, el Gobierno da un paso más al reclamar la extinción judicial y deja el asunto ahora en manos de la Justicia.
Un proceso de casi dos años
El Ministerio de Cultura empezó a tomar acciones legales para instar judicialmente la extinción de la FNFF en junio de 2024, en función del artículo 31 de la ley de memoria democrática, donde se establece que "concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o lleven a cabo actividades contrarias al mismo". Por su parte, esta organización ha intentado detener este proceso por diversas vías judiciales. De hecho, en el mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó conceder las medidas cautelarísimas solicitadas por la fundación, que pedían paralizar de manera inmediata el procedimiento administrativo. Los magistrados rechazaron la petición porque, según dicen, no concurrían razones de urgencia. La fundación ya había recurrido contra una resolución de la Subsecretaría de Cultura del 16 de febrero de 2026 que no admitía un recurso de alzada presentado previamente por la entidad.
La Fundación Franco niega hacer apología del franquismo
La Fundación Franco alegaba, en aquel momento, la caducidad del procedimiento administrativo, la inexistencia de presupuesto legal habilitante para la extinción y la vulneración del derecho de defensa. En el último recurso presentado, la fundación aseguraba que no usa ninguna expresión humillante o vejatoria para las víctimas del franquismo, sino que interpreta el problema desde una perspectiva diferente. Además, niega hacer apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado o la dictadura ni a sus dirigentes, ni que haya menosprecio o incitación al odio o la violencia. Por ello, la fundación reclama la suspensión del procedimiento y alega daños irreversibles como su extinción, un daño reputacional institucional y la alteración irreversible de la situación jurídica de la entidad.