Ni el gobierno en funciones, ni el Congreso de los Diputados están dispuestos a ceder posiciones en el conflicto de atribuciones entre el poder ejecutivo y el legislativo. Esta mañana, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luís Ayllón, se ha reunido con el presidente del Congreso, Patxi López, en una conversación que ha durado cerca de 30 minutos. El conflicto se inició ante la negativa del equipo de Mariano Rajoy de comparecer ante las Cortes españolas para satisfacer la función de control de éstas. A pesar de que las dos partes aseguran que la reunión ha sido "muy cordial y agradable", Ayllón mantiene que su Gobierno en funciones "sólo hace aquello que dice la ley". En consecuencia, niega la posibilidad de rendir cuentas ante una cámara que "no les dio su confianza", y la situación podría acabar ante el Tribunal Constitucional.

"La posición es la misma", ha dicho el secretario de Estado. Es decir, que sólo rendirán cuentas en ocasiones "de excepcionalidad", tal como sucedió con la comparecencia del secretario de Estado de la Unión Europea, el pasado 17 de marzo. Ésta permitió consensuar una posición común en relación al acuerdo en materia de refugiados que la Unión Europea quería firmar con Turquía. Ayllón ha puesto este ejemplo para intentar mostrar su disposición a cumplir exactamente los preceptos de la ley, a pesar de que López detecta ciertas incongruencias. ¿"Por qué ha cambiado de criterio"?, decía el presidente del Congreso ante la negativa del Gobierno a comparecer ante los diputados para que el ejecutivo sea controlado. 

El principal argumento del ex lehendakari es que la situación es novedosa en el sistema político español. Así, el precedente se está gestando ahora mismo, y sentará jurisprudencia. Asimismo, ha puesto el ejemplo de cuando, por primera vez en la historia del Estado, "la mesa decidió poner en marcha las comisiones, y calificar de ley y no de ley las proposiciones que llegaban". Eso pasa porque nunca se había estado sin gobierno de facto tanto tiempo. Precisamente, "para hacerle ver que no queremos ir más allá", ha dicho López, "le he mostrado las peticiones de la mesa". Estas, en ningún caso "quieren preguntar sobre qué hará el gobierno, o qué hizo antes de las elecciones". Es decir, que no quiere que el Congreso extralimitarse en sus funciones.

La reunión había venido como consecuencia de la carta que Patxi López había remitido hace unos días a la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ante la cual ella negó la comparecencia del ejecutivo de Rajoy. Aun así, Ayllón asegura que su gobierno está plenamente a disposición de la cámara, motivo por que había asistido hoy. El objetivo de López era clarificar competencias, y "si [Ayllón] cree que algunas peticiones son demasiado, las podemos modificar o suprimir". Pero parece que no ha habido alternativa por parte del secretario de Estado a consensuar una posición común, en tanto que según el presidente de la Corte, Ayllón habría partido de un "no rotundo" de entrada.

El Tribunal Constitucional 

En consecuencia, López no descarta llevar la causa ante el Tribunal Constitucional. "Está para eso, para resolver los conflictos competenciales", ha dicho. Por lo tanto, no cree que sea "un fracaso de la política". Por su parte, la diputada Meritxell Batet (PSOE) ha afirmado que su grupo ya estaba tramitando una posición para elevarla a la mesa del Congreso, donde será estudiada, y llevada ante el pleno para que los grupos voten si se dirime ante el TC el conflicto entre el poder legislativo y el ejecutivo. A esta solicitud se sumará C's, ya que su portavoz, Miguel Gutiérrez, asegura: "el gobierno tiene un mero objetivo partidista" en esta situación.

A su vez, el diputado del Partido Popular (PP), José Antonio Bermúdez de Castro, ha afirmado que el objetivo partidista era del propio Congreso, y ha lamentado que López "haya perdido su papel institucional y neutral". Según Bermúdez de Castro, existen otros precedentes en los parlamentos autonómicos, tales como el de Andalucía y Catalunya, donde no se produjeron comparecencias, mientras los gobiernos estaban en funciones, y donde el primero tenía "apoyo de C's y el PSOE". A su vez, la diputada de Podemos, Irene Montero, ha comentado que su partido también estudia la causa y en los próximos días explicarán su posición al respecto.