Govern y CUP saben que este último tramo que hay dibujado en la hoja de ruta estará lleno de turbulencias. Y que a menudo en medio de la tormenta aparecerán los Mossos y su función de policía judicial. Por eso, a pesar de la contundencia de la respuesta pública de los cupaires por las detenciones de los activistas que quemaron las fotografías del Rey, esta vez el ejecutivo y los anticapitalistas han procurado plantar cortafuegos para delimitar el alcance de la crisis.

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha concentrado las iras cupaires, con constantes peticiones de dimisión, mientras que tanto el president, Carles Puigdemont, como la consellera de Presidència, Neus Munté, han salido a defenderlo y a garantizar su apoyo a la gestión de este tema. También el titular de Justicia, Carles Mundó, expresó su apoyo ayer a través de las redes.

Este ha sido el perímetro que consiguieron fijar Govern y CUP: los presupuestos no salieron públicamente en la polémica. No sólo se evitó utilizar las cuentas del Govern como arma arrojadiza sino que el mismo Puigdemont dejó claro de buena mañana en declaraciones en RNE que la tramitación del proyecto no tenía nada que ver con la tensión por las detenciones.

Por la tarde fue la diputada anticapitalista Mireia Vehí quien recordó que la militancia ya ha dado luz verde a la admisión a trámite de los presupuestos, y que tampoco la cumbre convocada por Puigdemont para finales de año corre ningún peligro.

Incluso, cuando la tensión se disparó a primera hora de la mañana a raíz de la aparición de pintadas con amenazas en la sede del PDECat en el barrio barcelonés de Horta, el diputado de la CUP Albert Botran publicó un tuit emplazando a superar provocaciones. "Miremos adelante y que la solidaridad entre independentistas sea prioridad", reclamaba.

El llamamiento de Botran, que representa el sector más dialogante de la CUP, no pasó desapercibido en la sede del PDECat, donde algunas voces refunfuñaban ayer por el hecho de que ERC no hubiera condenado públicamente las pintadas. También la voluntad de los republicanos de abstenerse hoy en el Congreso en la votación de la moción de Francesc Homs pidiendo una comisión de trabajo sobre la cuestión catalana ha provocado malestar. Pero este es otro debate.

Crisis controlada

Desde el Govern ayer por la noche se consideraba que el perímetro había resistido la crisis con la CUP. Y eso, a pesar de que las voces más contundentes del grupo parlamentario cupaire han mantenido los decibelios de la denuncia contra Jané y desde el faristol del Parlament denunciaron que habían sido los Mossos los que actuaron de oficio el 11 de Septiembre y enviaron el informe al juez por la quema de fotografías.

No sólo eso, desde la plaza Sant Jaume se subrayaba que incluso con los reproches de la CUP sobre la responsabilidad de los Mossos en la denuncia ante el juez, se consiguió preservar en buena medida el cuerpo policial de la brega política, a diferencia de lo que pasó con el episodio de la detención de la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós.

Parlament

Otro frente fue el del Parlament. A lo largo de la jornada, los responsables de JxSí y la CUP analizaron la situación en la Cámara catalana y se consiguió controlar la magnitud de los impactos. Se trataba de garantizar un punto intermedio en que los cupaires pudieran expresar su malestar por la situación pero al mismo tiempo evitar la crisis de estabilidad.

Con todo, dentro del grupo de Junts pel Sí el malestar por los impulsos de los antisistema era evidente. De hecho, el lunes, la aparición del grupo cupaire, casi en pleno, en el faristol para romper fotografías del Rey obligó a interrumpir la reunión de la dirección de Junts pel Sí para analizar como responder a este nuevo episodio.

Una situación que se repetirá

Sin embargo, todos son conscientes de los riesgos políticos del momento, de la complejidad creciente que tendrán que afrontar en las próximas semanas, cuando los procesos judiciales avancen y los Mossos sean repetidamente requeridos para actuar.

A nadie se le escapa que el papel de la policía catalana se ha convertido en un elemento más de presión dentro de la batalla política con el Estado, que aprovechará todos los resortes que tiene al alcance para resquebrajar tanto como sea posible la cohesión de los independentistas. Así lo alertaba el republicano Joan Tardà en un tuit.

A penas, hasta la próxima. Que todo apunta que no tardará en llegar. Incluso, ayer la consellera Munté admitió que, según cómo evolucione la situación, se podría replantear el calendario del referéndum previsto para septiembre próximo, una posibilidad que sólo hace una semana la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, había tildado de "política ficción".