El Gobierno ha respondido por carta al secretario del Govern, Víctor Cullell, que no publicará los nombramientos de los consellers, según informan fuentes de la Moncloa, que han facilitado el texto de la misiva. El ejecutivo considera que la vigencia del 155 les avala para garantizar la "viabilidad jurídica" y legal del futuro ejecutivo catalán, y que la situación de prisión de Jordi Turull y Josep Rull, así como la estancia fuera de Catalunya de Toni Comín y Lluís Puig, imposibilitaría "que ejerzan sus funciones constitucionales, de acuerdo con las previsiones y exigencias que para tal cometido requiere la normativa vigente".

El texto intenta contradecir las teorías de algunos juristas, que consideran que la publicación de los nombramientos es un "acto debido", es decir, que se tiene que efectuar de forma inmediata sin discrecionalidad de ningún poder. De forma opuesta, se infiere que las tesis sostenidas provienen de la asesoría de los servicios jurídicos de la Moncloa y los abogados del Estado.

Por este motivo, en primer lugar la misiva alega que la facultad de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) se autorizó con el voto favorable del Senado al 155. En segundo, se establece que dicha potestad sobre el DOGC "no se tiene que entender como un control meramente formal", ni tampoco como "un acto debido y reglado". "Si no al contrario, configura un auténtico control de la legalidad, que no de la oportunidad". Es decir, que "comporta no una mera concurrencia formal, si no de la validez y eficacia de resoluciones, actos o acuerdos, objeto de publicación", insiste sobre este punto controvertido.

La justificación continúa más adelante, cuando se determina que, por tanto, y en vigencia del 155, "impone entender que la publicación del acto tendrá necesariamente lugar si el contenido se ajusta a la legalidad; y al contrario, si el contenido del acto no se ajusta, la publicación no se podrá autorizar", añaden sobre los nombramientos propuestos por el president Quim Torra. De esta manera, concluye que "la propuesta en relación a cuatro personas no es válida ni eficaz" –Rull, Turull, Puig, Comín– "porque no podrán desarrollar sus funciones", que recuerdan que están regladas en el Estatut y, por extensión, son materia constitucional.

El texto va firmado por Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado de Administraciones Territoriales y número dos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.