Después del último golpe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al modelo de escuela catalana, el sistema educativo, que pasa por unos momentos convulsos entre huelgas, manifestaciones e infiltraciones, espera la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 25 % de castellano en las aulas. Se esperaba que saliera antes de que terminara el curso anterior, el 2024-25, pero el 2025-26 está en las postrimerías y aún no ha visto la luz. En este sentido, el Govern confía en que el Constitucional “avalará” el modelo lingüístico de la escuela catalana en su sentencia sobre la inmersión, a pesar de que todas las “pistas” que se han ido dando hasta ahora han ido precisamente en la dirección contraria. Así lo ha dicho este miércoles el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en su comparecencia en la comisión del Parlament, un año después de que se firmara el Pacte Nacional per la Llengua.
En su intervención, el dirigente del ejecutivo ha sostenido que “es un modelo constitucional, que será avalado por el Tribunal Constitucional, que hace años avaló el catalán como centro de gravedad lingüístico en la escuela”. En el turno de los grupos, Junts, ERC, los Comuns y la CUP le han instado a aclarar cómo responderá el Govern en caso de una sentencia contraria a la inmersión. Ante estas cuestiones, el conseller de Política Lingüística ha señalado que “el Govern se prepara de formas diversas”. Vila ha subrayado que están “reforzando el personal especializado jurídicamente en derecho lingüístico”. “Esto nos permitirá responder a diferentes escenarios, pero cualquier escenario dependerá de la literalidad de la sentencia”, ha afirmado el titular del departamento. “La hoja de ruta es que, una vez tengamos la literalidad, plantearemos cuáles deberían ser las eventuales reformas del modelo”, ha añadido, sin precisar esta respuesta.
La decisión del TSJC, un aviso
Sobre la orden de ejecución del TSJC de la sentencia que anula buena parte del decreto de régimen lingüístico educativo, Francesc Xavier Vila ha asegurado que “se trata de un simple pronunciamiento sin consecuencias prácticas” en el día a día en los centros educativos catalanes, el planteamiento que ha ido defendiendo en todo momento el Govern de la Generalitat. Cabe recordar que, a finales de marzo, este tribunal ordenó ejecutar la sentencia que destroza el decreto que blindaba el catalán en la escuela, estimando parcialmente la solicitud provisional presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y declarando nulos provisionalmente los preceptos del decreto lingüístico educativo que ya anuló la sentencia del 8 de septiembre de 2025. Así pues, son once los artículos anulados de manera total o parcial del decreto que fijaba el catalán y el aranés como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje, y como lenguas habituales en la actividad docente y administrativa, de relaciones con las familias, en los materiales didácticos y evaluaciones.