El pleno de Parlament ha reanudado esta noche la sesión después de seis horas suspendido a la espera del dictamen del Consell de Garanties Estatutàrias que tenía que permitir abordar el debate sobre el Fondo Complementario de Riesgos con que el Govern ha avalado las fianzas de exaltos cargos ante el Tribunal de Cuentas. El conseller de Economía, Jaume Giró, se ha encargado de defender el decreto y lo ha hecho cargando contra Vox y Ciutadans, a los cuales ha acusado de "subcontratar su trabajo a los tribunales y la Fiscalía".
"Este decreto permitirá avalar la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental de las personas, y ayudará a hacer disminuir la sutil represión del miedo que ahoga la legítima y democrática acción política en Catalunya", ha sentenciado al acabar su intervención entre aplausos.
El conseller Giró saluda al president, Pere Aragonès, al acabar la intervención en el pleno / Sergi Alcàzar
El decreto, que hoy tiene que aprobar el Parlament, habilita el Fondo que ha avalado a través del ICF a 29 de los 34 exaltos cargos del ejecutivo a los cuales el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros por la acción exterior del Govern. A raíz de este aval, tanto Vox como Ciutadans han presentado denuncias ante los Tribunales contra el Govern y la junta del ICF. Ayer la Fiscalía anunció, en respuesta a la demanda de Cs, que abría el procedimiento contra el ICF.
"Ustedes se llaman liberales. Quizás por esta razón consideran que un procedimiento adecuado de gestionar la cosa pública puede ser la subcontratación de ciertos servicios. Ustedes han decidido subcontratar su trabajo en los tribunales y en la Fiscalía", ha reprochado Giró, después de acusar a Cs i Vox de protagonizar carreras para presentar denuncias a los tribunales tanto en el Parlament como en el Congreso.
Impecable
Giró ha recordado que desde que se aprobó el decreto ha defendido que el texto era "jurídicamente impecable" y ha subrayado que el Consejo de Garantías Estatutarias lo ha avalado del primero al último artículo, lo cual desvanece las dudas que se han querido plantear.
Según el conseller el decreto protege a los servidores públicos como hacen todas las democracias occidentales y cubre riesgos que actualmente no estaban cubiertos, pero lo habían estado hasta el otoño del 2017. "Es un mecanismo para restablecer el espacio de libertad para hacer acción política en Catalunya sin el miedo de los últimos tiempos", ha remachado.
Giró ha pedido a los grupos que voten a favor de la tramitación como proyecto de ley para incorporar las mejoras que propone el Consell de Garanties, que "en ningún caso, modifican ni alteran el contenido del decreto ley".
La socialista Alicia Romero durante su intervención / Sergi Alcàzar
PSC y la reunión de presidentes
El PSC ha agradecido la predisposición a tramitarlo como decreto ley, pero ha reprochado los cambios del Govern en relación al papel que tenía que asumir el ICF. Ha recordado la división que esta decisión provocó en el ICF y ha anunciado que el PSC se abstendría en la votación del decreto por la forma como se ha aplicado, lo cual ha provocado a las críticas de Cs y PP. La portavoz socialista, Alícia Romero, ha aprovechado la intervención para reprochar al president, Pere Aragonès, que no participe en la reunión de presidentes autonómicos y ha contrastado esta decisión con la presencia de Giró en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Desde Vox, Juan Garriga ha atribuido el Fondo del Govern a un intento de protegerse entre los dirigentes separatistas, con un "tour de irregularidades". Garriga ha replicado al informe del Consell de Garanties con la querella por prevaricación y malversación contra los firmantes del decreto. "Sólo en las repúblicas bananeras molestan a los tribunales", ha replicado Garriga.
La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, durante su intervención en el pleno / Sergi Alcàzar
CUP: "Van tarde"
En nombre de la CUP, Eulàlia Reguant, ha cargado contra el Tribunal de Cuentas y la respuesta de la banca privada ante la petición de avales del Govern. Pero también ha responsabilizado al Govern de ir tarde con este tema. "Cuántos meses hace que sabíamos que llegaríamos a este punto. Una vez más se hace evidente la falta de estrategia anti-represiva", ha advertido.
Comuns: "Piedras al diálogo"
La diputada de los comuns Susanna Segòvia ha reprochado la "persecución política" de los cargos y miembros del Gobierno que ejercían sus competencias y, a pesar de criticar el papel asumidor por el ICF, ha argumentado que su grupo considera que el Fondo es legalmente viable, por lo cual también ha anunciado la abstención. "El Tribunal de Cuentas es un nuevo intento de poner piedras al diálogo", ha denunciado.
El presidente del grupo de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha recordado que el informe del Consell de Garanties Estatutàrias no es vinculante y ha pronosticado que los tribunales considerarán malversador y prevaricador el decreto. "Un atraco es un delito y eso lo tienen que decir los tribunales", ha ironizado además de recordar que los responsables de la junta de gobierno del ICF ya están siendo investigados por la Fiscalía, a instancias de Cs. Carrizosa también ha tenido palabras críticas al PSC por su "tibiez" y ha advertido directamente al Govern: "si estos millones salen de las arcas públicas para pagar las responsabilidades de estas personas, ustedes se sentarán en el banquillo de los acusados".
El popular Alejandro Fernadez ha tildado a Giró de trilero 2.0. "Como con la Caja de Resistencia no llegaban ahora pretenden que todos los catalanes paguemos su fiesta", ha reprochado.
Desde Junts, Elsa Artadi, ha agradecido a Giró el trabajo y "la dignidad" después de la polémica que ha rodeado los últimos días la tramitación del decreto. "El debate de hoy va de represión y de cómo hacemos frente con medidas anti-represivas, por eso agradecemos al conseller Giró su determinación", ha remachado.
También desde de ERC se ha considerado que el Fondo aprobado por el Govern es imprescindible y se ha defendido el Instituto Català de Finances. La portavoz, Marta Vilalta, ha advertido que no se puede obviar el contexto de deriva represiva del Estado" en qué surge este decreto y que el Fondo se ha creado "de manera impecable" para cubrir las fianzas de unos exaltos cargos por haber hecho aquello que dice el Estatuto: acción exterior.
En la imagen principal, el conseller de Economía, Jaume Giró, durante la intervención ante el pleno de esta tarde / Sergi Alcàzar