El Govern ha presentado este sábado una denuncia contra la Guardia Civil por los interrogatorios llevados a cabo esta semana a altos cargos y trabajadores públicos de la Generalitat en relación con el referéndum del 1 de octubre. El Govern considera que se podrían haber cometido varios delitos, después de la polémica entre el juez y la Guardia Civil por quién habría ordenado las declaraciones y por la comunicación por parte de los agentes de su calidad de imputados a algunos de los interrogados.
Hem presentat denuncia contra els responsables dels interrogatoris de la Guàrdia Civil pel @referendumpacte . Defensem la democràcia !! pic.twitter.com/ecIf5DiuNc
— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 29 de julio de 2017
El mismo el conseller de Presidència, Jordi Turull, ha informado a través de un mensaje en las redes sociales después de que el pasado miércoles ya anunciara que lo haría en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat.
Así pues, el Govern, por orden del conseller Turull, denuncia a los guardias civiles que realizaron los interrogatorios, así como también a "cualquier otra persona que pueda tener relación directa con los hechos que se denuncian". Según el documento registrado por el juzgado de instrucción número 15, la Generalitat considera que los agentes podían haber cometido un delito "de obstrucción a la justicia", "de usurpación de atribuciones", de "falsedad documental", de "violación de secretos" y un delito "contra los derechos individuales".
Entre los altos cargos de la Generalitat interrogados esta setmana están el director general de Difusió de la Generalitat, Ignasi Genovès, la jefa de comunicación de la Conselleria d'Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Anna Molas, el director general de Comunicació del Govern, Jaume Clotet, el secretario general de Presidència, Joaquim Nin, y el director general de Atenció Ciutadana, Jordi Graells. Además, este jueves también declararon el exportavoz del comité ejecutivo del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena.
Interrogatorios polémicos
Todos ellos declararon ante la Guardia Civil en el marco de las investigaciones policiales sobre los preparativos del referéndum previsto para el 1 de octubre. Unos interrogatorios que han traido mucha controversia por el choque que se produjo entre la Guardia Civil y el juez que investiga el caso.
Tal como también expone la denuncia presentada por el Govern, los agentes de la Guardia Civil, durante su actuación, siempre expusieron que actuaban bajo "la investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona". Ahora bien, más tarde, en una nota de prensa, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) puso de manifiesto que las diligencias "no habían sido solicitadas por el magistrado de instrucción 13 de Barcelona".
Además, la Generalitat también denuncia que la Guardia Civil comunicara a algunos de los interrogados (Joaquim Nin y Jaume Clotet) que estaban imputados, ya que la policía no tiene competencias para imputar, y solo el juez puede formalizar esta situación de investigado. Aunque la Guardia Civil actúa en este caso como policía judicial y puede encontrar indicios para investigar, solo puede redactar un informe posicionándose y no imputar directamente.
Por ello, la Generalitat pide al juez investigar si ha habido un delito de usurpación de atribuciones y de obstrucción a la justicia. Además, también considera que podría haber habido falsedad documental, al considerar que las diligencias no han sido ordenadas por el juzgado número 13, algo se expone así en los documentos entregados a los interrogados.
Agresividad de los agentes
Además, la denuncia también pone de manifiesto que en el interrogatorio al director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells, el clima de la declaración "fue subiendo de tono" y que "denotaba agresividad". Además, expone que "se le acusaba constantemente de mentir y de los graves 'perjuicios que le podía comportar'". Incluso, asegura la denuncia, en alguna ocasión hubo "alguna expresión vulgar" y "de mal gusto".
Por estos comportamientos, el Govern denuncia también un delito de obstrucción a la justicia, ya que considera que se podría haber intentado influir la declaración del denunciante a través de la intimidación.
Finalmente, la Generalitat también denuncia que el cuerpo de la policía española filtrara a la prensa informaciones relativas al caso. Concretamente, denuncia que se avisaron a unos "medios concretos" de que habría declaraciones y que estos ya estaban esperando a la puerta del cuartel. Además, asegura que en muchos casos estos medios ya conocían previamente el motivo de la citación e, incluso, que "habían sido declarados como investigados".
En este caso, considera que ha habido una violación de secretos, y que se ha expuesto a los declarantes a una "grave y totalmente inmerecida situación de auténtico linchamiento mediático".
La denuncia ha sido registrada en el juzgado número 15 y será enviada a reparto para que un juez evalúe el caso y decida si la admite a trámite.