La defensa de Anna Gabriel y Mireia Boya ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo para pedir que sea el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) quien instruya la causa por rebelión abierta en el Tribunal Supremo. La defensa de las exdiputadas ya hizo esta petición en enero ante la Sala de lo Penal del Supremo (que lo tumbó) y está pendiente de que resuelva un recurso de súplica. En aquel momento, el letrado ya cuestionaba la competencia del Supremo y alegaba que no era un tribunal imparcial. Como la sala todavía no se ha pronunciado, ahora Gabriel y Boya recurren al Tribunal Constitucional porque consideran que se vulneran derechos fundamentales. En el recurso de amparo, se citan derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como el de ser juzgadas "por un tribunal independiente, imparcial y prefijado por la ley" o el de tener una "tutela judicial efectiva".

A mediados de enero, la CUP presentó un escrito delante de la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde exponía que este tribunal no es competente en el caso del sumario por rebelión, donde constan como investigadas, entre otros, las exdiputadas de la formación Mireia Boya y Anna Gabriel. En este sentido, recuerda que el mismo tribunal rechazó una denuncia de UPyD por la consulta del 9-N por los mismos delitos y que entonces el Supremo concluyó que tenían que ser los tribunales catalanes los que se tenían que encargar del caso. Además, hace constar que son varios juzgados de Barcelona los que investigan hechos relacionados con el 1 de octubre y con la última legislatura.

Entre los argumentos, alegaban que había "falta de imparcialidad e independencia" del alto tribunal español porque, por ejemplo, el fiscal que firmó la querella (José Manuel Maza, fallecido en noviembre en Argentina) y el actual fiscal general, Julián Sánchez Melgar, fueron compañeros de sala de los magistrados que investigan la causa por rebelión. También hacían constar unas declaraciones de la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, que afirmó que el PP "había decapitado el independentismo". Con eso, la defensa de la CUP entendía que se había "auto atribuido directamente el resultado de determinadas resoluciones judiciales", lo que, remarcaban, incumple de "manera flagrante" la separación de poderes.

Un paso más ante el TC

La Sala de lo Penal (o Sala de Apelaciones) no admitió el escrito y la defensa de Gabriel y Boya presentaron un recurso de súplica delante de la misma sala porque consideraban que la inadmisión no estaba argumentada. La sala, sin embargo, no les ha respondido todavía. Por eso, la defensa de las exdiputadas da un paso más y recurre en amparo al Tribunal Constitucional, porque considera que se vulneran derechos fundamentales de las dos exdiputadas.

En el escrito, presentado el viernes pasado, se pide al TC que, tal como establece el Convenio Europeo de Derechos Humanos, las dos exdiputadas tienen que poder ser juzgadas por "un tribunal independiente, imparcial y prefijado por la ley". Apuntan también que, en base a la ley europea, tienen derecho a una "tutela judicial efectiva y al recurso efectivo". En el recurso se hace referencia a numerosa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recuerda los argumentos ya expresados en el escrito presentado en el Supremo (y que no se a admitir).

Tendrá que ser la sala del TC quien estudie el recurso presentado por la CUP y decida si lo admite o no a trámite.