Nueva acción judicial en un momento político clave. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reúne este jueves por la mañana para resolver los recursos presentados por Vox y Cs para que revoque los indultos que en junio de 2021 el Gobierno concedió a Jordi Sànchez, entonces presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, expresidente de Òmnium, que fueron condenados a 9 años de prisión por el delito de sedición por el 1-O, y que estuvieron tres años encerrados. Esta revisión es muy excepcional, ya que la jurisprudencia establecía que los partidos no están legitimados para hacer recursos contra indultos porque no tienen ningún perjuicio a alegar, pero se cambió expresamente con la causa de los independentistas catalanes. En concreto, en mayo del 2022, una renovación de la sala, con mayoría conservadora, abrió la puerta a debatir si los partidos tienen legitimación, hecho que obligó a tramitar las demandas de los partidos españolistas contra los indultos concedidos por el gobierno de Pedro Sánchez. Se desconoce si el tribunal emitirá una resolución este mismo jueves.
En la reunión, la sala de lo contencioso tiene que decidir primero si realmente los partidos, en este caso los más ultras, están legitimados o no a presentar demandas contra una decisión del gobierno. El PP, diputados del PP, así como el exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, finalmente, se han retirado de la mayoría de recursos contra los indultos, y de forma definitiva en el de la presidenta Carme Forcadell. Si el tribunal considera que los partidos no tienen legitimidad, la causa se tendría que archivar; y si los admite como parte, los magistrados debatirán el fondo del caso. Es decir, si el Gobierno cometió alguna irregularidad administrativa al conceder estos indultos, como no presentar ciertos informes. El Supremo fijó el año 2000 que podría revisar los indultos, pero solo "un control formal", no en la decisión de concederlos.
Sea lo que sea lo que decida la sala no solo afectará —para bien o para mal— a los Jordis, sino también a los que tienen recursos pendientes, que son los líderes condenados por malversación de fondos por el 1-O, además de sedición: el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Si, finalmente, el Supremo revoca los indultos de los líderes políticos, estos pueden presentar un incidente de nulidad a la misma sala, y un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Además, el Gobierno les podría conceder un nuevo indulto parcial, como se ha hecho en otros casos.
Forn, Rull y Forcadell sin revisión
Las últimas resoluciones de la sala de lo contencioso del Supremo fueron el mayo pasado, cuando dictó varias resoluciones en las cuales declara finalizado "por pérdida de objeto" los recursos presentados contra los indultos concedidos por el Gobierno a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los exconsellers Joaquim Forn, y Josep Rull, que fueron condenados a 10 años y 6 meses y a 11 años y 6 meses de prisión por el delito de sedición en la causa del procés.
El tribunal razona que la sala de lo penal del Supremo, el 13 de febrero pasado, establece "las consecuencias" para los condenados del procés de la Ley Orgánica 14/2022, que deroga el delito de sedición y modifica los delitos de desórdenes públicos y malversación. Y detalla que en el caso de Forcadell, Rull y Forn, condenados, "solo" por sedición, el "tribunal sentenciador afirmó que no puede apreciarse en su caso de que concurra un delito de desórdenes", y, por lo tanto, para la sala de lo contencioso para estos tres condenados "solamente" podría estimarse que tienen que ser condenados por un delito de desobediencia, que no está castigado con pena de prisión, y en consecuencia su responsabilidad penal "queda extinguida" y su causa se tiene que archivar. A pesar de la claridad de la resolución, Vox y Cs han presentado recurso, sin que hayan obtenido respuesta, por ahora.
La reforma del Código Penal
Por el contrario, la sala de lo contencioso del Supremo afirmaba que los recursos contra los indultos de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa "no han perdido el objeto" después de la reforma penal de 2022, ya que la sala de lo Penal indicó que para ellos no queda excluida la pena privativa de libertad porque también fueron condenados por delito de malversación de fondos, que califica agravado por la cantidad gastada, además del de desobediencia, pero que fueron indultados. Y, en el caso de Cuixart y Sànchez se les podría castigar por el nuevo delito de desórdenes público. Por eso, en Supremo continúa viva la revisión de los indultos para estos seis de los nueve presos políticos.
ERC pide la causa de Tejero
Los exdiputados de Junts, excepto Forn, no se han personado a la causa de la revisión de los indultos (como los Jordis), mientras que los republicanos Junqueras, Romeva y Bassa, son representados por el abogado Marc Marsal. En su caso, los recursos contra sus indultos están en la fase de prueba, y el tribunal todavía no ha aprobado o desestimado las pedidas por ERC. Una de estas pruebas es que se aporte todo el expediente del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, por rebelión militar por el golpe de estado fallido 1981. ¿El motivo? El Tribunal Militar que lo juzgó pidió su indulto "por razón de utilidad pública". En aquel caso, el Gobierno no aceptó, pero el abogado de ERC quiere demostrar que el argumento de utilidad pública sí que ha sido utilizado, y en concreto por los tribunales, y no es ninguna decisión política, y, por lo tanto, arbitraria, como sostiene Cs.
En la foto principal, los presos políticos, hombres, al salir de la prisión de Lledoners, indultados, en junio de 2021. / Foto: Sergi Alcàzar