Un frente común. Seis entidades de todo el estado español han exigido a los partidos que enmienden la ley audiovisual para garantizar cuotas sustanciales de catalán, vasco y gallego. Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Kontseilua, A Mesa, Acció Cultural del País Valencià y Obra Cultural Balear han pedido a las fuerzas políticas catalanas, valencianas, vascas, gallegas y baleares que "utilicen su peso político para forzar el Gobierno a aumentar la presencia de las lenguas minorizadas a la nueva ley audiovisual", tal como han señalado este martes en un comunicado conjunto. Se trata de una polémica norma que se empezará a tramitar el jueves en el Congreso de los Diputados con el debate sobre la totalidad.
Las seis entidades han vuelto a visualizar un frente común para exigir a los partidos de sus territorios que exijan en PSOE y Unidas Podemos un aumento de la presencia del catalán, del vasco y del gallego a la ley para votar a favor del texto en el Congreso, tal como ya hicieron en diciembre en Madrid. Reclaman a los grupos parlamentarios que "enmienden el proyecto de ley español durante la tramitación parlamentaria con el fin de garantizar una presencia sustancial de doblajes y subtítulos en lenguas oficiales del Estado diferentes del castellano en todas las plataformas audiovisuales", con independencia del lugar donde tengan su sede.
Siete reivindicaciones
En el frente común de diciembre en Madrid, presentaron una declaración con siete reivindicaciones a incluir a la ley. Más allá de exigir cuotas de doblaje y subtitulación, piden que haya producción anual obligatoria de series y películas en catalán, vasco y gallego en todas las plataformas. También solicitan que se incorpore un régimen sancionador claro en caso de incumplimiento, así como solicitan que se computen las cuotas por horas y no por títulos. De esta manera se podrán impulsar no solo las películas, sino también las series en lenguas minorizadas. En este sentido, hay que recordar que la presión política y social hizo que el proyecto de ley presentado por el Gobierno incluyera la obligatoriedad de las plataformas con sede en el Estado a incorporar los doblajes y los subtítulos ya existentes a sus catálogos "siempre que estén disponibles y sea técnicamente viable", un matiz que las entidades reclaman eliminar para evitar posibles alusiones del cumplimiento de la obligación.
Respecto de la presencia de doblajes y subtítulos en las plataformas con sede en el extranjero, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aceptó crear un fondo para subvencionar nuevas versiones en catalán, vasco y gallego. Pero las entidades ven esta medida como "claramente insuficiente, dado que no responde a ninguna garantía recogida a la misma ley". "Por una parte, se trata de una partida presupuestaria que puede no tener continuidad en el futuro y, de la otra, su efectividad depende de la predisposición de las plataformas en el extranjero de aprovechar estas subvenciones", explican en el comunicado. Delante de eso, piden que la presencia de estas lenguas "no dependa de la voluntad de las plataformas situadas en el extranjero, sino de cuotas que hay que introducir a la ley" (tal como pasa ahora con el castellano).
Promoción de la diversidad lingüística
El acuerdo entre el PSOE y ERC prevé que las plataformas tendrán que destinar el 0,5% de su facturación anual al Estado en la producción de nuevos contenidos en versión original en estas lenguas. Eso es un porcentaje que se traduciría a unos quince millones de euros aproximadamente, "una cifra claramente insuficiente". Quieren que la inversión sea más alta, como mínimo el doble, correspondiente al peso poblacional de los territorios con lenguas propias diferentes del castellano.
Las entidades recuerdan que la ley audiovisual viene obligada por la transposición de la Directiva europea sobre la materia que se aprobó el año 2018, que señala con claridad que las legislaciones estatales tienen que respetar la Convención de la Unesco de promoción de la diversidad cultural y lingüística. Pero la mayoría de plataformas internacionales han tenido un "menosprecio absoluto" por las lenguas propias de los diferentes territorios del Estado durando los casi diez años que hace que algunas de ellas empezaron a instalarse. "Clamamos que no se puede dejar pasar una oportunidad por establecer obligaciones lingüísticas muy claras hacia las plataformas", concluye el comunicado. Y es que esta oportunidad es la reforma de la ley audiovisual, que se produce solo una vez cada diez años.