El Tribunal Constitucional ha abierto en paralelo el ataque judicial a la comisión de Estudio del Proceso Constituyente y la suspensión de la conselleria de Asuntos Exteriores. El alto tribunal prepara los trámites para imputar un delito de desobediencia a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. La reacción es fruto del paquete de medidas que el gobierno español introdujo a la ley orgánica para blindar el Constitucional y hacer cumplir sus órdenes. Y es que la Generalitat se saltó la prohibición del decreto del 9N y dejó, tanto el ejecutivo español, como el alto tribunal, sin herramientas para impedir la consulta del 2014.
El mes pasado el gobierno español pidió al Tribunal Constitucional que anulara la creación de la comisión argumentando que estaba infringiendo la suspensión de la declaración de independencia. El abogado del Estado argumenta que la comisión es "un acto de desacato y de manifiesto incumplimiento" y pide que se advierta a Carme Forcadell y toda la comisión que podrían estar cometiendo un delito de desobediencia.
Hoy el Constitucional ha pedido al Fiscal y al Parlament de Catalunya que posicionen sobre las funciones de la comisión de Estudio del Proceso Constituyente y les ha dado diez días para presentar las alegaciones. Si el expediente del alto tribunal sale adelante empezarán las advertencias a la presidenta del Parlament y a los miembros de la comisión.