El Parlament de Catalunya defenderá su soberanía. Así ha reaccionado la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, a la decisión del TC de suspender el pleno del próximo lunes (antes incluso que haya sido convocado). En un discurso muy parecido al que ha pronunciado en otras ocasiones, como en el caso de las leyes del referéndum y de transitoriedad, Forcadell ha asegurado que "defenderemos la soberanía del Parlament" y que no dejarán que nadie coarte el debate parlamentario libre.

La presidenta del Parlament no ha aclarado qué decisión tomarán ante la suspensión cautelar del TC, porque todavía están analizando el auto. Sobre la mesa tienen también otra petición de comparecencia del presidente Carles Puigdemont hecha este jueves por la tarde por CSQP, en este caso en virtud del reglamento del Parlament, no del artículo 4 de la ley del referéndum.

"No podemos permitir que un tribunal diga a un parlamento escogido democráticamente de qué podemos hablar y de qué no podemos hablar", ha asegurado Carme Forcadell, que lo ha considerado un "hecho insólito y de extrema gravedad". Ha cargado contra el Tribunal Constitucional por vulnerar el derecho de iniciativa de los diputados del Parlament. "Coartando la libertad de expresión de los diputados está coartando la libertad de expresión de los ciudadanos", ha insistido.

Después de que el PSC haya interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional este jueves, el alto tribunal ha acordado suspender de forma cautelar el acuerdo de la Mesa del Parlament que fija para el lunes 9 de octubre la comparecencia de Puigdemont. En esta comparecencia, en desarrollo del artículo 4 de la ley del referéndum, el presidente tenía que abordar los resultados y efectos del referéndum del pasado domingo.

A primera hora de la tarde, el grupo parlamentario de Catalunya Sí Que es Pot ha pedido una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces para tratar una nueva petición de comparecencia del jefe del ejecutivo para explicar la situación posterior al 1-O. La petición está hecha en virtud del artículo 169 del reglamento del Parlament, no de la ley del referéndum, hecho que permitiría esquivar la ofensiva judicial del Estado.