La nueva abogada de Carme Forcadell y Anna Simó ha puesto en marcha su estrategia poniendo en duda la legitimidad del Tribunal Supremo de investigar la causa contra el referéndum. Olga Arderiu ha enviado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional donde reclama que el caso vuelva de donde salió, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Entre los argumentos para devolver el caso al TSJC está el juicio del 9-N, por hechos similares, que se instruyó y juzgó en Barcelona. Aunque en aquel momento se reclamó que se juzgara en el TS, el mismo Supremo lo desestimó. También argumentan que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es competente para instruir la rebelión.

Forcadell y Simó empezaron su proceso a partir de dos querellas de la Fiscalía por las decisiones de la Mesa del Parlament de permitir las votaciones de las leyes de desconexión y transitoriedad. Declararon al TSJC, Forcadell hasta dos veces —de hecho la expresidenta tiene 3 querellas sobre ella— y cuando el ministerio público denunció al Govern por la proclamación de la república, el magistrado del Supremo Pablo Llarena pidió unir todo el caso bajo su jurisdicción. Y el TSJC pasó los dos sumarios que tenía: el de la Mesa, dirigido por Maria Eugència Alegret, y el del Govern, en manos de Mercedes Armas.

Ahora la abogada de la expresidenta del Parlament y de la secretaria primera reclama que el caso vuelva a Catalunya.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Nacional, alega de nuevo la inviolabilidad parlamentaria: "Afecta al aforo desde diputados que disfrutan de inmunidad parlamentaria, la cual tampoco ha sido debatida anteriormente por este Tribunal, tratándose, sin duda, de un tema de especial importancia, teniendo en cuenta que también puede suscitar con relación a otros Parlamentos autonómicos o, incluso, respecto de los diputados del Congreso".

Se hace suyos los argumentos de la Fiscalía donde dice que los hechos tuvieron lugar en territorio catalán: "Si se examina con detenimiento los hechos que, presuntamente y según el relato del ministerio fiscal, podrían constituir los elementos de los tipos penales imputados, estos suceden en su totalidad en Catalunya, sin que ninguno de ellos haya tenido lugar en otro país o en el resto del Estado español".

El recurso también trata de tumbar el delito de rebelión: "De haber existido algún alzamiento público violento (extremo que esta parte niega rotundamente), se habría producido en Catalunya. De haberse declarado la independencia, también habría tenido lugar en el Parlament de Catalunya y, por lo tanto, en Barcelona". Y el de sedición: "De haber tenido lugar algún alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o de resoluciones administrativas o judiciales; eso también habría pasado en la ciudad de Barcelona".

Niega también el delito de malversación de fondos públicos por parte de Forcadell y Anna Simó.