Recordando que el Estatuto de Catalunya "emana de la Constitución española", la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la vicepresidenta primera de la mesa de la cámara, Anna Simó, han insistido hoy en El Món a RAC1 en que "están cumpliendo con toda la legalidad".
Un día después de ir a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como investigadas por la aprobación de las resoluciones sobre el referéndum, Forcadell ha reiterado, como ya viene haciendo desde hace semanas, que "la inhabilitación de verdad no la contemplamos porque hemos hecho lo que teníamos" que "hacer" y ha añadido que, si no hubieran actuado así y no hubieran permitido el debate, entonces "sí que sería ilegal".
Citarlas a declarar es, según les han explicado los abogados, una manera de "vulnerar los derechos de los diputados" porque, recuerdan, "el trabajo de un Parlamento es debatir y hablar de todo" y, todavía más, si el debate ya se ha producido en los diferentes grupos políticos.
Épocas pasadas
"Si es lícito que el presidente y los grupos hablen del referéndum, ¿cómo puede no serlo para dar forma y permitir el debate"?, se ha cuestionado la presidenta del Parlament, al mismo tiempo que ha expuesto que los únicos límites que puede haber en una cámara democrática son "el respeto a los derechos humanos".
Esta situación provoca "tristeza" entre los miembros de la mesa, así como por parte de la ciudadanía porque, ha puesto encima de la mesa Forcadell, "parece que eso pertenezca en épocas pasadas". La presidenta de la cámara catalana ha vuelto a repetir que "el problema es intentar resolver un problema político judicialmente" y, precisamente por eso, "ha explicado" que "nuestro trabajo de estos días es explicar como de extraño y anómalo es todo eso".
Y es que en la Unión Europea, apuntan, un caso así es "inaudito" y, además, consideran "humillante" tener que defender la democracia en el siglo XXI" delante de la UE. Por todo ello, han asegurado que "seguiremos haciendo como hemos hecho hasta ahora", es decir, "cumpliendo con el reglamento del Parlament" porque el Tribunal Constitucional "es bien consciente de que su trabajo es analizar las leyes una vez aprobadas" y no antes, cuando sólo se ha producido el debate.