Carme Forcadell se ha mantenido en la línea de siempre en su declaración hoy en el Tribunal Supremo. La expresidenta del Paralment ha roto la tónica de los consellers de ERC Oriol Junqueras y Raül Romeva, que mostraron al magistrado Pablo Llarena su percepción de todo el caso cuestionando el criterio judicial y denunciando la vulneración de derechos fundamentales.
Forcadell, en cambio, se ha limitado ha explicar una vez más su papel como presidenta del Parlamento y que no tenía ningún tipo de poder decisión sobre las leyes ni los decretos aprobados para hacer efectivo el proceso independentista: "Si los grupos parlamentarios no han solicitado nada, nunca se habría tramitado, pero si lo solicitan, ni la presidenta ni la Mesa pueden evitar que se debata".
La presidenta del Parlamento ha negado, también, tajantemente la violencia: "Soy una persona absolutamente pacifista y, si para perseguir mis convicciones políticas hace falta la violencia, antes renunciaria a estas que permitir ningún acto violento", ha afirmado ante el juez.
"La ciudadanía tiene derecho a protestar pacíficamente para defender sus derechos, sus libertades y sus ideas. Son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución: derecho de manifestación, de reunión, de asociación, libertad de expresión y libertad ideológica", ha insistido durante la declaración indagatoria donde se le han comunicado los delitos por los cuales está procesada, rebelión y malversación.
Igual que Junqueras y Romeva, Carme Forcadell tampoco ha reconocido el Tribunal Supremo como competente para juzgar esta causa y ha pedido que "este procedimiento tendría que seguirse en el TSJC". "Se me están vulnerando mis derechos fundamentales" ha insistido Forcadell, y ha expuesto que es "porque se ha acordado injustamente mi prisión provisional cuando he comparecido durante meses todas las semanas, he acatado todas las medidas impuestas por este instructor, he renunciado a mi acta de diputada".
Forcadell también ha denunciado el proceso que se está realizando en paralelo en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sin que sus abogados puedan participar en él.