Al mismo tiempo que el Govern explicaba que ha creado un fondo de riesgo para poder cubrir las fianzas millonarias que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex altos cargos de la Generalitat, la asociación Convivencia Cívica Catalana ya ha denunciado ante el juzgado de guardia de Barcelona al president y a todos los consellers de la Generalitat por asumir, a su juicio, "de forma ilegal el pago de las cantidades exigidas" por el máximo órgano fiscalizador del Estado. La entidad españolista considera que la solución que este martes ha planteado el ejecutivo constituye "malversación de fondos públicos y prevaricación".

La organización plantea que el fondo de riesgo del Govern es "manifiestamente antijurídico" dado que "la garantía de indemnidad de los funcionarios públicos no puede amparar conductos manifiestamente ilegales de estos, ni la administración puede asumir el coste de la defensa o las fianzas de funcionarios que han actuado de forma ilegal". Además de la denuncia, Convivencia Cívica Catalana ha anunciado que iniciará "el correspondiente procedimiento ante el Tribunal de Cuentas" una vez se haya confirmado que el dinero del fondo de riesgo se haya depositado en este órgano fiscalizador estatal.

Para esta asociación, "la Generalitat no tiene que ser un instrumento de los independentistas que pueden utilizar para todo" y sostienen que les sorprende que "alguien pueda encontrar normal que la administración haga frente a actos ilegales de alguien con dinero público". "¿Alguien se imagina a la Comunidad de Madrid asumiendo los gastos de defensa de los imputados de la Púnica? ¿O al Gobierno asumiendo los mismos gastos en el caso de Roldán?", plantean desde la entidad para defender que "no se destine ningún euro público" para las fianzas de los encausados por el Tribunal de Cuentas.

Los detalles del fondo de riesgo de la Generalitat

Los 34 ex altos cargos tienen hasta el 21 de julio para abonar la fianza de 5,4 millones de euros. Lo que hace el Govern es un decreto ley que tendrá que ser convalidado en el Parlament que contempla la creación de un fondo, inicialmente dotado con 10 millones de euros, para "proteger todos los servidores públicos" y poder hacer frente a las reclamaciones judiciales que estos tengan.

Las condiciones para acogerse a este depósito son que no exista ninguna resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones del afectado, que el riesgo no esté cubierto por otras pólizas y seguros que tiene contratados la Generalitat y que la misma Generalitat no se haya personado contra la persona encausada. Si se acepta la solicitud, se iniciarán los trámites para pedir a una entidad bancaria que emita un aval, de forma que el ejecutivo acabaría haciendo de contraaval.

Además, el fondo concreta que, "si hay una sentencia firme que constata una responsabilidad contable y no queda más camino judicial por recorrer, el beneficiario tendrá que devolver el dinero a la administración".

 

Imagen principal: Fotografía de todo el Consell Executiu en el Palau de la Generalitat. Sergi Alcàzar.