La Fiscalía del Tribunal Supremo da la razón al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y defiende que no habría cometido ninguna irregularidad en su gestión de Aigües de Girona cuando era alcalde de esta localidad.

En un informe avanzado por El Mundo, el Ministerio Público se posiciona en contra de que la Sala Segunda del Alto Tribunal abra una causa penal al eurodiputado por esta cuestión, ya que no aprecia indicios de delito en la gestión de la empresa de Aigües de Girona, Agissa, entre 1998 y 2013 y pide el archivo de las diligencias. El escrito lo firman el fiscal del Supremo Carmelo Quintana y el de Sala Fidel Cadena, uno de los cuatro fiscales que defendió la acusación de rebelión en el juicio del 1-O.

La Fiscalía se posiciona así en contra de la versión de la titular de Juzgado de Instrucción número 2 de Girona. El documento del ministerio fiscal argumenta que no aprecian ni un delito de prevaricación, ni de malversación de dinero público, ni fraude a la Administración ni falsedad.

La jueza pedía imputar a Puigdemont por diseñar "una operación para ocultar" que el consistorio había adquirido una colección de arte a los herederos de Santos Torroella mediante el dinero recaudado por el establecimiento del denominado "canon inicial" en la concesión del servicio público del agua en el Ayuntamiento de Girona.

La Fiscalía rebate la acusación defendiendo que "la desviación de uso a otros fines públicos sólo constituye infracción administrativa por aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal". "La asignación de una finalidad pública diferente del canon municipal del agua, llevando a cabo transferencias de créditos no consentidas por la legislación a otros fines públicos, ni constituye administración desleal del patrimonio público con extralimitación de las facultades de gestión que ocasione perjuicio, ni supone apropiación o sustracción para si o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquiera otros bienes públicos por parte de la autoridad municipal que distrae la finalidad sin abandonar su aplicación al sector público".

Ninguna infracción penal

Así pues, continúa el escrito, la actuación de Puigdemont cuando era alcalde "se reduce a la adquisición para el Museo municipal de una colección de obras de arte" pagando parte del coste -1.000.000 euros de un total de 3.900.000 euros- con el importe recibido por el Ayuntamiento, "con cargo en los fondos obtenidos después de prorrogar los contratos de concesión en favor de la empresa mixta AGISSA - Aigües de Girona, Salt y Sarrià- para gestionar el cobro del canon del agua, y que tendrían que haberse aplicado a la financiación del gasto municipal relacionada con el ciclo integral del agua.

La fiscalía acepta que podría haber "cierta la ilegalidad administrativa" en el hecho de haber utilizado el canon del agua "sin respetar sus límites finalísticos y presupuestarios", pero descartan que "la resolución haya sido dictada por órgano incompetente, ni que se haya prescindido de las normas esenciales de procedimiento, ni que sea consecuencia de la comisión de una infracción penal o expresión de la misma, sobre todo si se tiene en cuenta que la desviación de finalidad pública hoy constituye sin más un ilícito administrativo". En el mismo sentido, los fiscales rechazan la existencia de un "artificio" para defraudar al Ayuntamiento de Girona.

Una vez recibido el informe de la Fiscalía, favorable al archivo del procedimiento, la Sala de Admisión del Tribunal Supremo tendrá que decidir si abre una investigación penal o no al aforado.

La investigación

El caso de Aigües de Girona llegó a la fiscalía de Girona el año 2015 a partir de una querella de la CUP contra la sociedad Girona SA y Narcís Piferrer, directivo de esta sociedad y directivo de AGISSA, denunciando presuntos indicios de corrupción en la concesión del contrato de abastecimiento de agua del municipio.

Un año después, la fiscalía decidió llevar la denuncia al juzgado, que empezó la investigación. En 2017 la fiscalía anticorrupción entró en el caso en lugar de la de Girona. Fue entonces cuando se empezó a investigar la compra del Fondo Santos Torroella con el canon del agua, un hecho que no formaba de la querella inicial, y que fue el origen de la investigación a Puigdemont.

De hecho, la Guardia Civil y una comitiva judicial acompañada del fiscal Anticorrupción llegaron a entrar a la empresa Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa) el año 2018 bajo la premisa de un supuesto desvío de fondos públicos en la época en que Puigdemont era alcalde de Girona, cargo que ostentó entre 2011 y 2016.

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