La Fiscalía recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la absolución de los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, al entender que no han prescrito los delitos que se les imputaban por su papel en el pago de comisiones de la constructora en CDC a través del Palau de la Música.

Según ha informado el ministerio público, la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado hoy ante el Tribunal Supremo que presentará un recurso de casación, en el que pedirá que la sala condene a los exdirectivos de Ferrovial.

La semana pasada, la Audiencia de Barcelona absolvió a Buenaventura y Elizaga porque, a pesar de considerar acreditado su papel en el pago de comisiones de Ferrovial en CDC a través del Palau de la Música, fueron imputados cuando habían pasado tres años desde su última actuación en la constructora, plazo a partir del cual prescribe el delito de tráfico de influencias del cual se les acusaba.

También la Fiscalía Anticorrupción ha precisado hoy que la semana pasada pidió a la sección décima de la Audiencia de Barcelona que "cuanto antes mejor" convocara a una vista a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet, Jordi Montull y a su hija Gemma, así como el extesorero de CDC Daniel Osàcar, para solicitar medidas cautelares sobre su situación personal, mientras el Supremo resuelve los recurso contra la sentencia.

En esta comparecencia, el ministerio público solicitará oralmente las medidas cautelares que crea oportunas para los cuatro condenados, que podrían comportar su ingreso en prisión preventiva a la espera de que la sentencia por el espolio del Palau de la Música sea firme.

El viernes pasado, la Audiencia de Barcelona fijó la comparecencia de medidas cautelares del "caso Palau" para el próximo 5 de febrero, tres semanas después de la notificación de la sentencia.

En su sentencia, la Audiencia de Barcelona condenó a penas de nueve años y ocho meses de prisión a Fèlix Millet; de siete años y seis meses a Jordi Montull; de cuatro y seis meses a su hija Gemma, exdirectora financiera del Palau, y de cuatro años y cinco meses a Osàcar, por cobrar comisiones ilegales para CDC.

La medidas cautelares pueden incluir el ingreso en la prisión de los condenados, que nunca llegaron a ser encarcelados preventivamente por este caso, o comparecencias periódicas ante el juzgado, como las que Millet y los Montull tenían impuestas a la espera de que se dictara sentencia.

Desde que declararon ante el juez instructor Juli Solaz en octubre del 2009, Millet y Montull tenían el pasaporte retirado y la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado.

El magistrado dejó en libertad a Gemma Montull sin imponerle ninguna medida cautelar, pero la Audiencia de Barcelona rectificó posteriormente y le fijó una fianza de 500.000 euros, además de la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente.

Por su lado, el extesorero de CDC declaró en 2011 como investigado ante el juez instructor, sin que la Fiscalía ni ninguna de las acusaciones solicitara medida cautelar alguna para él.