La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juzgado de instrucción 1 de Barcelona que prorrogue seis meses más la investigación al exconseller de ERC Xavier Vendrell para aclarar si es autor de un delito de tráfico de influencias en el concurso público que le adjudicó  el Instituto Català d'Avaluacions Médicas (ICAM). Esta investigación es una pieza separada del caso Volhov, donde Vendrell fue detenido a finales de octubre de 2020, junto con otras personas como el empresario y excargo de CDC, David Madí, acusados de financiar el independentismo catalán en el exilio. En la pieza ICAM, la Guardia Civil expone que Vendrell se reunió con la republicana Alba Vergés, entonces consellera de Salud, para presuntamente obtener un concurso para la empresa Biomek, de la cual es accionista. Dos años después de ser detenido, Xavier Vendrell fue citado a declarar en el juzgado como investigado: negó cualquier trato de favor y declaró que la empresa ya había ganado algún concurso antes que él entrara como accionista, según fuentes jurídicas. No obstante, la Fiscalía no tiene bastante y ha confirmado a ElNacional.cat de que quiere continuar la investigación.

En la declaración en el juzgado, el noviembre pasado, Lídia Domingo, subdirectora general del ICAM, que también es investigada en esta pieza, también negó cualquier trato de favor a la empresa de Xavier Vendrell. Alba Vergés, que actualmente es vicepresidenta 1.ª de la Mesa del Parlament, no ha sido citada como investigada, y si hubiera indicios contra ella, el juez tendría que elevar el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque por su cargo es aforada en este tribunal.

Indicios por llamadas y una reunión

En los informes de la Guardia Civil, hechos a partir de intervenciones telefónicas y seguimientos, por orden judicial, se sostiene que Domingo alertó Vendrell que "fuera con cuidado con los tiempos de entrega de la realización de pruebas". La empresa Invalcor presentó una demanda al concurso ganado por la empresa donde era accionista Vendrell. Se añade que el 2 de octubre de 2020 Vendrell se reunió con la entonces consellera Vergés, de quien dependía el ICAM, y que "el encuentro duró más de tres horas" y "del cual dijo a su mujer que: 'Había ido muy bien'". Además, se apunta que Vendrell también comentó la denuncia de la adjudicación a la responsable del ICAM.

La Guardia Civil precisa que la adjudicación del ICAM a la UTE formada por Certificación de Lesiones, SL e Ingeniería de la Información, SL, ascendió a 442.672 euros entre los años 2018 y 2019. Los investigadores deducen irregularidades por la denuncia realizada por la sociedad que también se presentó al concurso. Añaden que las intervenciones telefónicas de Vendrell son clave, ya que aseguran que "reconoce no disponer del material técnico exigido" en el concurso público, e incluso -según la Benemérita- admite que "tendría que comprar o alquilar material técnico, como hizo en su primera licitación con ICAM en Lleida, donde su empresa solo era una dirección y solo compró el laboratorio".

Otras piezas, abiertas

Paralelamente a la pieza ICAM, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, el magistrado Joaquín Aguirre, mantiene abiertas otras piezas del caso Volhov, como la llamada pieza 2 y la causa de la operación urbanística de Villa Bugatti, en Cabrera de Mar, donde también está investigado Vendrell, además de la causa de Tsunàmi Democrático en la Audiencia Nacional.

En el caso Volhov, se investigan acciones que podrían enmarcarse en los delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias. Cuando fue detenido, Vendrell aseguró que si no fuera independentista no lo habrian ido a buscar.