La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que procese tres cargos del Govern por los preparativos del 1-O y amplíe la imputación a una docena de los ya encausados para añadirles los delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y revelación de secretos.
En un escrito, en el cual ha tenido acceso Efe, las fiscales Isabel Nevot y Teresa Duerto han pedido a la Audiencia que revoque el acto por el cual la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó a una treintena de altos cargos del Govern de Carles Puigdemont y empresarios por su papel en la organización y la logística del referéndum del 1-O.
Las fiscales piden sumar tres procesamientos a la lista de cargos a los cuales la jueza dejó a un paso de juicio: la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Maria Àngels Barbarà, el exdirector general de Difusión de la Generalitat Ignasi Genovès y la directora de servicios de Departamento de Presidencia, Teresa Prohias, los cuales declararon como investigados durante la instrucción de la causa aunque finalmente acabaron exculpados.
Los delitos de que se les acusa
En el caso de Barbarà, el ministerio público considera que incurrió en un delito de desobediencia porque "omitió deliberadamente" su labor inspectora y sancionadora para impedir el uso indebido de datos personales para llevar a cabo el referéndum del 1-O, a pesar de haber recibido denuncias en este sentido.
A Genovès, la Fiscalía pide procesarlo por los delitos de prevaricación, malversación y desobediencia a raíz de su papel en la tramitación de los expedientes relativos al diseño del anuncio sobre el registro de catalanes en el exterior y las contrataciones para que se publicaran en la prensa.
La policía española trató de impedir el referéndum del 1-O por la fuerza / Foto: Sergi Alcàzar
En el caso de Prohias, el ministerio público le atribuye los mismos delitos que Genovés para adjudicar el contrato menor para el diseño del anuncio sobre el registro de catalanes en el exterior, que según las acusaciones iba encaminado a promover que los residentes en el extranjero participaran en el 1-O.
Ampliación de los delitos
El escrito de la Fiscalía solicita además en la Audiencia que procese también por prevaricación el exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia Antoni Molons, Francesc Sutrias, director general de Patrimonio durante el 1-O, y el exresponsable del Diplocat Albert Royo, los cuales ya están encausados por desobediencia, malversación y falsedad documental.
En el caso de Sutrias, por el expediente del contrato marco firmado por Unipost para el reparto de la documentación electoral, en el de Royo por la contratación de los observadores internacionales del 1-O a través del Diplocat y a Molons por la adjudicación de la cartelería del referéndum.
La Fiscalía solicita asimismo procesar por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al exsecretario general de Trabajo Josep Retama y un responsable del área tecnológica de esta conselleria, para participar en el reclutamiento de voluntarios del 1-O y tener en su poder "datos personales reservados", según el ministerio público.
Otra de las peticiones de las fiscales es añadir el delito de desobediencia -por el cual ya están procesados 17 altos cargos del Govern- 13 investigados más, entre los cuales el exdirector de la delegación del Govern en la Unión Europea Amadeu Altafaj y los directores de las empresas T-Systems y Unipost, que supuestamente colaboraron con la organización del 1-O.
Para el ministerio público, estas personas tienen que ser procesadas por desobediencia, aunque el Tribunal Constitucional no los advirtiera personalmente de su obligación de impedir el 1-O, porque "no podían ignorar como autoridad pública, funcionario o adjudicatario de una contratación" la existencia de estos requerimientos para frenar el referéndum.