La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que inadmita la consulta sobre la amnistía de la malversación del 1-O porque la causa no afecta al derecho de la Unión, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado ElNacional.cat este jueves. Esta afirmación ya la expreso el Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas (TCU) en la causa del 1-O y la acción del Govern en el exterior del 2011 en el 2017 para que desistiese de consultar al TJUE. Y es el mismo posicionamiento que  mantienen las defensas de los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, del exvicepresident Oriol Junqueras, y una treintena de excargos, juzgados en el Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O y Exteriors. La consejera  Elena Hernáez negó aplicarles la amnistía hasta consultar al TJUE si la ley vulneraba la norma europea, y a pesar de que no los juzgó por un delito de malversación de fondos (que no puede), sino por una reclamación contable.  El Tribunal Supremo fue quién condenó los presos políticos por el delito de malversación de fondo del 1-O el 2019, y derivó al Tribunal de Cuentas la aclaración y recuperación del dinero.La Fiscalía reclamaba que devolvieran 3,2 millones de euros a la Generalitat y Sociedad Civil Catalana 5,3 millones de euros, además de exigir que se les niegue la amnistía.

La demanda de Sociedad Civil Catalana  en el Tribunal de Cuentas va dirigida contra: los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el entonces vicepresident Oriol Junqueras, las conselleres Dolors Bassa, Clara Ponsatí y Neus Munté, y los consellers Toni Comín, Jordi Turull, Raül Romeva, Lluis Puig y Francesc Homs. La entidad españolista excluyó al exconseller Andreu Mas Colell, que inicialmente tuvo que avalar con su patrimonio. La Fiscalía ampliaba la imputación hasta 35 excargos.

Una vista clave que puede bloquear al Supremo

El TJUE ha convocado una vista el 15 de julio, en la cual las defensas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y SCC expresarán su opinión. La mayoría reclaman al TJUE la "inadmisibilidad" del procedimiento porque ni se han malversado fondos de la UE ni se vulnera ninguna normativa. 

Precisamente, la Comisión Europea, que és parte en el procedimiento, también ha comunicado al  tribunal de Luxemburgo que tampoco considera que se hayan afectado los intereses financieros de la Unión con la acción del 1-O. Sostiene que "no muestra un vínculo bastante directo entre las ilegalidades en cuestión y los recursos propios de la Unión". Incluso afirma que si un Estado miembro se macha de la UE o un territorio se independiza, habría una pérdida económica lógica, pero "no un incumplimiento de sus tratados" porque ya no formaría parte.

La  sentencia del TJUE será clave si no elude analizar el fondo de la cuestión. Y es que el tribunal tendrá que decir si se han malversado fondos de la UE con el 1-O. Si lo niega, bloqueará las intenciones del Tribunal Supremo de hacerle una consulta (prejudiciales) cuando el Tribunal Constitucional le responda que la ley de amnistía es legal y no vulnera ningún principio. No se puede preguntar al TJUE por una cuestión ya resulta, y esto le respondería.

Con todo, el juez Pablo Llarena y  la sala de lo penal, hasta ahora dirigida por Manuel Marchena, insisten que no pueden amnistiar ni a Puigdemont, ni  a los exconsellers en el exilio, ni a los condenados por malversación porque reiteran que "se enriquecieron", y este supuesto está excluido de la ley.