La fiscalía acaba de presentar un informe al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que dice que ve reiteración delictiva por parte de Jordi Sànchez y, por lo tanto, se opone a su puesta en libertad y también al permiso para que asista al pleno de su investidura como president de la Generalitat. Según el ministerio público, el riesgo ahora "es mayúsculo".

Para fiscalía, es más grave el delito político de Jordi Sànchez que dejar salir a un etarra para asistir a un pleno. Lo dice en un comunicado que ha enviado donde justifica su decisión: "A diferencia del delito de pertenencia a banda armada, del que entonces se trataba, los delitos objeto de la presente causa guardan relación directa con el abuso de posiciones institucionales que pueden tener su contexto en sede parlamentaria, uno de los escenarios del riesgo de reiteración delictiva".

La fiscalía expone que "la oposición del fiscal a la concesión de permiso extraordinario se fundamenta en la naturaleza excepcional de esta decisión, dirigida especialmente a la salvaguarda del contenido esencial del derecho a la vida familiar en situaciones puntuales y no al ejercicio de cualquier otro derecho que resulte incompatible con la situación de prisión y la naturaleza del delito que ha motivado.

Además, el ministerio público no ha dejado pasar el acuerdo de ayer mismo de entre Junts per Catalunya y ERC: "Estos argumentos se refuerzan ante la importancia de los riesgos de reiteración delictiva que se han apreciado y que son consecuencia del acuerdo de legislatura que se hizo público en el día de ayer por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana".

Para tomar la decisión, la fiscalía ha hecho consultas a todos los organismos del ministerio público: "Previo asesoramiento pedido por el fiscal general del Estado, en uso de sus facultades estatutarias, a todos los fiscales de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dada la materia tratada, y con asistencia del teniente fiscal de Tribunal Supremo, ha dispuesto informar negativamente tal concesión".

Pablo Llarena, el magistrado que instruye el procedimiento contra Jordi Sànchez y los miembros del Govern por delitos de presunta rebelión o sedición y malversación de fondos públicos, pidió un informe sobre la petición de excarcelación realizada por la defensa de Sànchez tanto a la fiscalía como a la acusación popular, ejercida en representación de Vox, y los dio plazo para responder hasta el mismo lunes, 12 de marzo, coincidiendo con la celebración del pleno del Parlament.

El miércoles la defensa de Jordi Sànchez remitió una segunda petición al juez para que resolviera sin el trámite del traslado antes del lunes que en relación únicamente al permiso de salida. Y ayer hizo la misma reclamación mediante una carta al magistrado el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Llarena todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto. Su posicionamiento podría llegar esta misma mañana.