La Fiscalía ha renunciado a acusar al expresident de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau de un delito de malversación de fondos públicos por la consulta del 9-N. En la querella inicial, el ministerio público incluía este delito, el único delito que comporta penas de prisión, pero ahora renuncia a ello porque los gastos relacionados con la organización se comprometieron con anterioridad a la suspensión que dictó el Tribunal Constitucional (TC).
Los fiscales, sin embargo, piden al TSJC que desestime los recursos presentados por las defensas y juzgue a Mas, Ortega y Rigau por los delitos de desobediencia y prevaricación. Entre otros argumentos, sostienen que intentaron "aparentar" que el proceso participativo quedó exclusivamente en manos de voluntarios, pero "en realidad no fue así".
En este sentido, aseguran que la instrucción ha demostrado que la preparación de la consulta se intensificó después de la suspensión por parte del Constitucional. "Sin los medios de la administración autonómica utilizados antes pero también y especialmente después de la suspensión cautelar" no hubiera podido celebrarse, apunta.
Sobre el delito de desobediencia, expone que los investigados, encabezados por Mas, "conocieron y comprendieron perfectamente el contenido y efectos de la providencia del Tribunal Constitucional, que era clara e inequívoca, y resueltamente decidieron no acatarla". Con respecto a la prevaricación administrativa, considera que los exmiembros del Govern "dejaron respectivamente suspender oficialmente tanto la convocatoria que Mas había efectuado como las decisiones administrativas concretas adoptadas para darle ejecución".
Recursos, desestimados
En sus alegaciones, Mas, Ortega y Rigau recurrieron la decisión de dejarlos en las puertas de ir a juicio al considerar que la causa tiene un "contenido marcadamente político" y que ni desobedecieron ni prevaricaron. Por eso, solicitaron el archivo de la causa al entender que se atribuyen "responsabilidades criminales a los legítimos representantes de un gobierno democrático por su actuación política vehiculada de manera responsable, cívica y pacífica".
En su escrito de defensa, Artur Mas remarcó que la instrucción del caso demostró que los tres acusados no sólo no desobedecieron al TC ni prevaricaron, sino que el Govern interrumpió efectivamente la organización y gestión de la consulta "sin hacer dejación de ninguna de las funciones legales encomendadas a la Generalitat con respecto al orden público, la seguridad de las personas, el derecho de información de los ciudadanos y la gestión de los sistemas informáticos públicos".