La denominaron movilidad táctica, en palabras de una de las principales promotoras, la teniente de alcalde Janet Sanz. Pero con poco más de tres meses, los valores saludables y activos que pregonaba la nueva manera de entender las calles de la ciudad se ha girado en contra del gobierno que lidera la alcaldesa Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona.

Desde entonces, a Sanz no se la escucha ni responde a las quejas y hoy sí lo hará Colau para conocer su opinión sobre de la denuncia que le acaban de abrir en la fiscalía. Todo el plan de urbanismo, con especial protagonismo de los bloques de hormigón y una nueva pintura por el suelo de las calles, que no es antideslizante, ha acabado en los tribunales porque puede suponer un riesgo para los conductores, sobre todo de los motoristas.

El servicio de delitos contra la seguridad vial de la Fiscalía de Barcelona, que coordina la fiscal Isabel López Riera, ha abierto diligencias de investigación para determinar si los bancos y las bolas gigantes de hormigón suponen un delito contra la seguridad del tráfico y prevaricación. Este se centra especialmente en la calle Consell de Cent de la capital catalana, aunque el modelo se repite en todas partes. Todo empezó a principios de agosto con la denuncia que presentó el abogado Daniel Vosseler ante el Ministerio Público donde alertaba que el material para la construcción de todo el mobiliario urbano, el hormigón, era "un obstáculo peligroso para la circulación de los vehículos a motor, especialmente para los conductores de motocicletas, ciclomotores y bicicletas", ya que son los más vulnerables.

Ahora, hará falta saber si el plan de Colau supone un delito y se tienen que retirar los bancos de la calzada y colocarlos, como siempre se ha hecho, en las aceras. Vosseler considera que si no se puede cambiar, se tiene que colocar un sistema de contención de vehículos para evitar el impacto de los que circulan por la vía.

Decenas de entidades denuncian a Colau

Las políticas de Colau después de la pandemia no gustan a la mayoría de colectivos de la ciudad: pequeños comerciantes, gremios como el de la restauración, empresas y entidades. El próximo 16 de septiembre, la Plataforma Pro Movilidad Libre presentará un manifiesto conjunto con más de cuarenta entidades que pedirán personalmente que la alcaldesa rectifique y "cambie la deriva de la ciudad, que no está a la altura de la crisis sanitaria y económica que el coronavirus ha comportado".

Por otra parte, los colectivos afectados por la nueva movilidad táctica también llevan semanas denunciando los problemas que sufren a diario. A modo de ejemplo, Motoristes BCN avisa de los accidentes que ya han sufrido a algunos de estos usuarios por las graves carencias que el nuevo proyecto, que ya suma un coste de más de 5 millones de euros, comporta a los ciudadanos.

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