La financiación de Vox para promocionar una campaña estatal y emerger de la nada podría acabar en un delito penal si las investigaciones evidencian lo que una denuncia ha situado en el punto de mira: la irregularidad de sus recursos económicos. En concreto, ha sido Alianza Cívica, un partido nacido a raíz de la pandemia, quien ha interpuesto una denuncia contra Vox y argumenta que tiene pruebas que lo corroboran. La fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha trasladado el caso a la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigue unos hechos que considera penales.

Tanto la denuncia como toda la documentación aportada y el informe final de la presidencia del Tribunal, se traslada a la Fiscalía cumpliendo el principio de control externo de los partidos que contempla el artículo 16, tal como está detallado en el BOE: "La libertad de los partidos políticos en el ejercicio de sus atribuciones quedaría perjudicada si se permitiera como fórmula de financiación un modelo de liberalización total, ya que, en este caso, siempre resultaría cuestionable la influencia que en una determinada decisión política hubieran podido ejercer de las aportaciones procedentes de una determinada fuente de financiación y romper la función de los partidos políticos como instituciones que vehiculan la formación de la voluntad popular".

Así pues, lo que denuncian es que Vox no ha cumplido este requisito básico: "La financiación de los partidos políticos tiene que corresponder a un sistema mixto que recoja, por una parte, las aportaciones de la ciudadanía y, de otra, los recursos procedentes de los poderes públicos en proporción a su representatividad como medio de garantía de la independencia del sistema, pero también de su suficiencia. Las aportaciones privadas tienen que proceder de personas físicas o jurídicas que no contraten con las administraciones públicas, ser públicas y no exceder de límites razonables y realistas. Hay que establecer mecanismos de auditoría y fiscalización dotados de recursos humanos y materiales suficientes para ejercer con independencia y eficacia su función".

¿Qué denuncian?

La ley actual contempla "la regulación de sanciones derivadas de las responsabilidades que pudieran deducirse del incumplimiento de la norma". Teniendo en cuenta la ley, Alianza Cívica acredita poder demostrar que Vox "ha recibido y posteriormente fraccionado las donaciones de naturaleza opaca en forma de microdonaciones y han mantenido unos ingresos artificiales siempre por debajo del límite de 300 euros" a partir de los cuales la ley obliga identificar a los donantes. También aseguran que había "trato clientelar con importes pagados y devueltos en forma de donación".

Alianza Cívica se define como "un partido transversal y pragmático, un grupo de ciudadanos que decidieron unirse durante la pandemia para cambiar las cosas". Además, también destaca que todas sus acciones las hace "sin ideologías, peajes ni ambición, tan sólo con la férrea intención de centrar la vida política en las personas y su bienestar".

Denuncias previas contra Vox

Los precedentes sobre esta presunta financiación irregular hace tiempo que corren. Una exmilitante de la formación de Santiago Abascal denunció el 7 de julio del 2020 la existencia de una supuesta caja B en la sede de València con cantidades que se fraccionaban para pasar inadvertidas. El escrito, de carácter penal, fue dirigido a la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que, trece días después, concluyó que no había indicios de delito. Entonces se cerró el caso, pero se derivó al Tribunal de Cuentas para que analizara los hechos "por si fueran constitutivos de algún tipo de infracción administrativa". Pero también se archivaron.

Por otra parte, en 2016, el Tribunal de Cuentas ya rehusó investigar a Vox después de que el entonces vicepresidente, Juan Jara, recibiera un escrito del tribunal donde le solicitaba que auditara por donaciones en metálico que superaban los 460.000 euros. Este organismo, con mayoría conservadora del PP pero también del PSOE, decidió cerrar el caso. Ahora, esta denuncia cambia de manos y será la Fiscalía madrileña quien tendrá la responsabilidad final de emitir sus conclusiones.

Fotografía de portada: imagen de recurso de Santiago Abascal

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