La fiscalía quiere investigar si los desplazamientos de los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O fueron sufragados con dinero público y si se podría haber cometido un posible delito de malversación de fondos, según publica este miércoles ElDiario.es y ha confirmado ACN. Concretamente, el ministerio público quiere determinar quién abonó los gastos de combustible o peaje y billetes de tren hasta la cámara catalana para asistir a una reunión y de la cual se habría tenido conocimiento por las declaraciones de testimonios posteriores a las de los miembros de la Sindicatura. Asimismo, la fiscalía ha pedido a la jueza que declare la causa compleja y amplíe la instrucción hasta los 18 meses.
En su declaración el diciembre pasado, los miembros de la Sindicatura investigados por los presuntos delitos de desobediencia, usurpación de funciones y malversación negaron haber recibido ninguna cantidad para sufragar los gastos para desarrollar su tarea.
La Sindicatura estaba formada por Marc Marsal, Jordi Matas (foto), Marta Alsina, Tania Verge y Josep Pagès, todos ellos juristas o politólogos que tenían que hacer de árbitros en la votación del referéndum. La creación de la Sindicatura Electoral, órgano responsable de organizar las votaciones, se aprobó mediante un acuerdo en el Parlament el pasado 7 de septiembre. Rápidamente, sin embargo, el TC suspendió el acuerdo y notificó el aviso a las partes, incluidos los cinco miembros y los suplentes.
Multas por formar parte
El alto tribunal les impuso multas de 6.000 y 12.000 euros diarios a todos ellos (titulares, suplentes e integrantes de las sindicaturas de cada demarcación) pero semanas más tarde las dejó sin efecto después de que todos ellos justificaran tanto su renuncia al cargo como dejaron sin efecto los acuerdos adoptados para la preparación del referéndum.