La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado ante el tribunal un escrito donde se opone totalmente a las peticiones de recusación de cinco magistrados del alto tribunal pedidas por los presos políticos y exiliados catalanes.

En el escrito, se alega que los cinco magistrados afectados designados para juzgar la causa del 1-O no están 'contaminados' porque no han entrado nunca a valorar el fondo del asunto, y que tampoco su ideología o su supuesta amistad con el magistrado instructor Pablo Llarena afectan a su imparcialidad a la hora de juzgar y sentenciar sobre el caso.

En un escrito de 20 páginas, el fiscal de sala Jaime Moreno argumenta que el procedimiento judicial "no incrimina un movimiento independentista, que generosamente admite el sistema constitucional, sino la insurrección, pluriconvergente y de encuentro, levantada violentamente, para conseguir la ruptura del orden constitucional".

El texto acusa los políticos que han presentado los incidentes de recusación de "abuso de derecho, fraude procesal" y "atentado a la buena fe", sobre todo por parte de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluís Puig, que se encuentran al extranjero|en el extranjero y fuera de la jurisdicción del Supremo, cosa que califica de "sarcasmo", "contradictorio" y "absurdo". De hecho, considera que las peticiones de recusación sólo pretenden retrasar la celebración del juicio, y se basan en "impresiones subjetivas sin ninguna prueba".

Respecto del magistrado Antonio del Moral, el fiscal recuerda que sólo intervino en la deliberación sobre la competencia del Supremo para instruir la causa, pero nunca entró en el fondo del asunto, sino que sólo trató puntos técnicos.

Sobre los otros magistrados, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramon Berdugo y Luciano Varela, las defensas alegaban que habían participado en la decisión sobre la admisión a trámite o no de la querella presentada a finales de octubre por parte de la Fiscalía General del Estado. Pero el ministerio fiscal considera que la admisión a trámite no forma parte de la instrucción de la causa todavía, sino que es un trámite previo donde no se valoran los hechos sino simplemente si están los requisitos formales mínimos para iniciar una investigación judicial.

Compañeros de Llarena

Las defensas también pusieron en entredicho la imparcialidad de los magistrados por su ideología, supuestamente conservadora, y por ser compañeros de sala de Llarena, cosa que no los aleja lo suficiente, según los letrados defensores, del magistrado instructor.

Según el fiscal, no hay ningún indicio que haga sospechar que los magistrados han tenido acceso a la causa instruida ni que se tengan que ver influenciados por el hecho de que Llarena sea compañero suyo. Tampoco cree que la ideología de los magistrados sea una posible causa de recusación por supuesta "enemistad manifiesta".

Contra Marchena, Martínez Arrieta y Verdugo, las defensas también alegaban que habían juzgado al exconseller Francesc Homs en la causa del 9-N, pero el fiscal cree que a pesar de ser causas similares no son la misma, y recuerda diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional que valida esta tesis.