La Fiscalía ha expresado este martes su respaldo a la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de elevar la causa por la actuación de la Conselleria de Igualdad en un caso de abusos al Tribunal Superior de Justicia  de la Comunidad de Valencia (TSJCV) y pedir la imputación de la vicepresidenta, Mónica Oltra. Según han confirmado fuentes del Ministerio Público a Efe, el fiscal se ha opuesto al recurso planteado por la directora territorial de Igualdad, Carmen Fenollosa, investigada junto con otras doce personas por su actuación en un caso de abusos sexuales en el que fue condenado el exmarido de Mónica Oltra. Fenollosa recurrió la decisión del instructor de elevar la causa al TSJCV, como paso previo para la imputación de la vicepresidenta, que es aforada y no puede ser investigada en un tribunal ordinario. El fiscal respalda así la petición del juez de Instrucción 15 formulada al alto tribunal valenciano para que cite como investigada a la vicepresidenta del País Valencià.

A la conclusión del proceso por abusos contra el exmarido de Oltra, la menor víctima, representada legalmente por un histórico dirigente de España 2000, y con Vox como acusación popular, ha iniciado un proceso judicial contra la Conselleria por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y para determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno, que desacreditaba la versión de la menor, sobre lo sucedido. El juez instructor considera “sospechosa” la actuación del personal directivo de la Conselleria, particularmente de quienes ordenaron y llevaron a cabo lo que calificó como "instrucción parajudicial". Asimismo, considera que "no existió en la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos".

Recurso

Frente a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de derivar la investigación al alto tribunal valenciano, la representación legal de Fenollosa presentó recurso en contra por considerar que "ninguna irregularidad administrativa ni tampoco ningún comportamiento delictivo se ha cometido" por su representada. Asimismo, esta subordinada de Oltra, procesada en la causa junto a otros 12 trabajadores de Igualdad y profesionales de la atención a menores, redundaba en su recurso en la "inexistencia de indicios racionales y sólidos de la participación y responsabilidad de Oltra". 

"Se considera por esta parte que claramente la resolución que se recurre, y la exposición razonada que la justifica, perjudican la posición procesal de nuestra representada, la cual no debemos olvidar es la funcionaria que era responsable en la Conselleria en aquellas fechas en la provincia de Castellón, sin ningún tipo de participación en la causa que se investiga", señala el recurso. Además, el letrado de Fenollosa considera que no se cumplen los requisitos jurisprudencialmente exigidos para la elevación de la causa al TSJCV, recuerda que no se ha aportado toda la documentación solicitada y que tampoco han finalizado los interrogatorios señalados. En otro punto, este abogado abunda en la "inexistencia de indicios racionales y sólidos de la participación y responsabilidad de Oltra, que además vienen a arrastrar a Fenollosa sin la existencia de las adecuadas pruebas". En este apartado incide en que no consta declaración alguna entre los trece investigados que dijese que "recibió instrucción alguna de Oltra", y "ningún documento ha sido aportado en el que se aprecie orden o instrucción alguna", sino que el juez hace referencia a "unas declaraciones efectuadas en un espacio político, dirigidas a representantes políticos, y en un contexto y con una finalidad política".

Asimismo,  la defensa reprocha al juez que pidiese la grabación de unas declaraciones de Oltra y no otras posteriores en las que "da cuenta del sentido de sus palabras". Incide además en el hecho de que tanto familiares y amigos de la menor, como profesionales "experimentados, tanto de entidades privadas como de la Administración", no creyeron a la menor, y que "algunos todavía sostienen de forma vehemente que la menor mintió". "Sin que ello prejuzgue a la persona respecto de si la misma ha podido sufrir o no abusos sexuales, que un profesional describa que una menor es agresiva, cuando tiene cuatro sentencias judiciales por agresiones, o decir que la menor es mentirosa cuando ella misma lo admite en la prensa, no se puede considerar que sea desacreditar a la menor", concluye el citado recurso.