Primero ha sido Pablo Llarena y ahora la Fiscalía General del Estado. En un intento de mover ficha ante la decisión del tribunal alemán que ha dejado en libertad a Carles Puigdemont y ha desestimado el delito de rebelión, hoy han anunciado que llevarán el caso al Tribunal Judicial de la Unión Europea.
Llarena pretende hacer una cuestión prejudicial, a la que ahora se suma la fiscalía. Pero el magistrado no puede cuestionar la justicia alemana. Sólo podría reclamar sobre su propia legislación. Por lo tanto, no está claro dónde quiere llegar el magistrado instructor del caso del 1-O que mantiene en la prisión a nueve presos políticos, entre los que hay siete consellers de Govern y la expresidenta del Parlament, aparte de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium.
La fiscalía ha emitido un comunicado enfriando la situación generada en Alemania donde remarca que todavía no hay nada decidido con respecto a la extradición y ha expuesto que "la fiscalía estudiará la eventual posibilidad de ejercitar las acciones pertinentes para la protección y defensa del orden jurídico europeo relativas a la OEDE delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".