El juez Pablo Llarena estudia la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre estados miembros.

Justo cuando el president Carles Puigdemont salía por la puerta de la prisión de Neumünster, el magistrado que lo ha procesado por rebelión y malversación y ha dictado la orden de detención para poder extraditarlo, ha anunciado que estudiará elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta figura se utiliza cuando un juez tiene dudas sobre la aplicación de una norma comunitaria en una determinada causa. En este caso, que el juez del Audiencia territorial de Schleswig-Holstein había descartado el delito de rebelión porque no ve violencia. Un hecho que desmonta todo el argumentario de Llarena, que ha procesado a todo el Govern por rebelión.

Pero Llarena no tiene competencias en la normativa alemana y tampoco la puede cuestionar. Por lo tanto, habrá que ver cómo plantea finalmente el texto que presenta al TJUE el magistrado para saber exactamente qué pide y qué cuestiona, si la euroorden y su aplicación en Europa, o qué quiere exactamente.

Pablo Llarena no puede cuestionar la ley alemana, ni las decisiones de sus jueces, y cuestionar la euroorden y todo su procedimiento es un mal paso, teniendo en cuenta que el país padre de las euroórdenes, quien la plantea y le da forma, es la misma Alemania.

Si finalmente Llarena eleva el caso al TJUE, será competencia de este tribunal resolver la cuestión sobre la norma comunitaria.

Si se formaliza esta petición en el tribunal europeo con sede en Luxemburgo, la tramitación de la OEDE remitida a Alemania por los delitos de rebelión y malversación quedaría en suspenso hasta que el tribunal europeo resolviera la duda planteada.

Esta paralización de la OED daría tiempo a Llarena para replantear su estrategia procesal después del revés sufrido después de la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, que únicamente deja la posibilidad de entregar al exmandatario catalán por malversación y descarta así que pueda ser juzgado en España por la conducta más grave que es la de rebelión.

No obstante, todavía se desconocen los términos concretos con los que Llarena se dirigirá al TJUE y si sus preguntas supondrán poner en cuestión la decisión adoptada ayer por el tribunal alemán.

El juez podría realizar preguntas relativas al alcance de la decisión alemana —sobre si el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein se extralimitó al entrar a valorar si hubo o no rebelión en la conducta del exmandatario español—, o bien otras referidas a los términos de una nueva petición por su parte a las autoridades judiciales germánicas.

La decisión de Llarena se produce después de conocerse que la fiscalía alemana anunciara que no ve margen legal para recurrir la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein. El TJUE no es un órgano al cual recurrir como tal esta decisión, ya que su función es interpretar la legislación de la UE para garantizar que se aplique de la misma manera en todos los países miembros y resuelve los litigios entre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.

En su recurso de reforma después de ser procesado, la defensa Puigdemont anunciaba su intención de presentar también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare si la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) española es compatible con la normativa europea.

Se refiere concretamente la defensa al hecho de que sus clientes hayan sido privados del derecho de defensa hasta que no han sido procesados y puestos a disposición de la justicia española en virtud de una Orden de Detención Europea (OEDE), y eso a pesar de encontrarse a disposición de los tribunales españoles —en alusión a la situación en Bélgica—.

Fuentes del entorno judicial ven el movimiento de Llarena como una bomba de humo. Todavía no está claro que presente nada, pero si lo hace, no tienen claro qué puede llegar a pedir porque el magistrado del Supremo sólo puede cuestionar su propia normativa. Es decir, que los jueces pueden trasladar al TJUE una norma nacional si no se ajusta al derecho de la Unión.

La pregunta es qué pretende Llarena y si finalmente acabará dando este paso.

De momento, oficialmente, sólo han anunciado la intención de estudiar llevarlo al TJUE. Pero no hay ningún documento que lo acredite todavía.