La fiscalía no pedirá al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que dicte una orden europea de detención y entrega contra la consellera Meritxell Serret ni contra la líder de la CUP, Anna Gabriel, que se encuentran en el exilio.

El ministerio público, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, ha descartado solicitar la euroorden contra Serret, exiliada en Bélgica, porque, una vez leída la sentencia del juicio al procés, su responsabilidad en los hechos sólo encajaría en un delito de desobediencia, aunque también está procesada por malversación.

En el caso de Serret, la fiscalía, con la sentencia en la mano, encuentra paralelismos y similitudes con el papel que el Supremo atribuye a los consellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, que fueron juzgados, por malversación y desobediencia, pero absueltos del primero, que es lo único que comporta penas privativas de libertad. Los tres fueron condenados a un año y ocho meses de inhabilitación y multa por un delito de desobediencia.

La situación de Anna Gabriel es diferente porque ella sólo está procesada por desobediencia y es legalmente imposible cursar una euroorden porr un delito que no llevar aparejada pena de prisión. Se da la circunstancia de que Suiza le ha concedido a Gabriel la residencia temporal por un periodo de cinco años, que es el tiempo que tarda en prescribir el delito de desobediencia.

Eso sí, si cualquiera de ellas viniera a España serían detenidas y puestas a disposición judicial aunque después quedarían en libertad.

Los casos de Comín, Serret y Puig

Con respecto a la situación del resto, la Fiscalía todavía no ha tomado una decisión sobre los consellers Clara Ponsatí, en Escocia; Toni Comín i Lluís Puig, exiliados en Bélgica; y la líder de ERC Marta Rovira, exiliada en Suiza. Las situaciones son diferentes.

El caso de Toni Comín apunta a ser el más claro para la Fiscalía, que le reclamará por sedición y malversación. Con Rovira será por sedición, aunque son conscientes de que con Suiza la situación no será sencilla ya que allí no funciona la euroorden.

Después están los casos más complejos a analizar. Con Puig hay dudas porque su caso es parecido al de Serret pero en Fiscalia creen que sí que se podría justificar la malversación y sólo falta ajustar la razones de su petición, explican las fuentes.

Y finalmente en el caso de la consellera de Educación Clara Ponsatí se priva pendiente de lo que resuelva el Supremo sobre el incidente de nulidad que presentará la consellera Dolors Bassa, condenada a 12 años de prisión. La defensa de Bassa pedirá al tribunal del procés la nulidad por un error que figura en la página 48 de la sentencia, en qué se confòn la que era titular deTreball con la de de Enseñanza.

Por ahora sólo, la Audiencia Nacional sólo ha emitido una euroorden contra Carles Puigdemont, la vista preeliminar de la cual se celebró este martes. El tribunal ha aplazado la vista hasta el 16 de diciembre. La fiscalía belga es favorable a la entrega del presidente al exilio.