La Fiscalía ha denunciado el PP de Salamanca ante el Tribunal de Cuentas por esconder las donaciones que recibió para pagar cuotas de afiliados durante las primarias que ganó el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el año 2017. Según ha informado elDiario.es, el caso se presentó al Tribunal de cuentas el pasado 26 de enero por parte del juzgado que investiga la presunta financiación ilegal del partido. En la causa abierta al Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, que ha imputado el presidente del PP de Castilla y León, Javier Iglesias, la gerente, Isabel Sánchez y el mismo partido como persona jurídica, han declarado una treintena de testigos que han afirmado que se puso en marcha "una maquinaria ingente" para que Mañueco ganara las primarias. Y que por esta razón había que abonar las cuotas de afiliados morosos, que no podían votar sin pagar la deuda. Así pues, gracias a donaciones de cargos electos y orgánicos, se pagaron, presuntamente, más de 60.000 euros de deuda. El callejón sin salida en que se encuentra el PP radica en el hecho que no ha podido demostrar el origen de más de 24.000 euros. Ahora, la Fiscalía ha alertado al Tribunal de Cuentas del hecho de que estas donaciones se le escondieron.

"No consta en las actuaciones que las cantidades dadas se consideraran como tales por el Partido Popular, ni se ingresaran en la cuenta de donaciones, ni se comunicara en el Tribunal de Cuentas su existencia, ni se notificara a lo mismo que parte de la cantidad de 61.937,65 euros que se reconoce como deuda amortizada de las cuotas de afiliados al informe anual remitido a este Tribunal fue realizado, directa o indirectamente, mediante donaciones de terceras personas y no de manera nominativa por los afiliados", explica en su escrito la Fiscalía. A raíz de eso, se podría deducir, según el Ministerio Público, que el PP podría haber infringido la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de partidos políticos. Tal como apunta el fiscal, "durante los días 10 a 17 de marzo de 2017, se recogieron en las sedes de los asesores del grupo popular de la Diputación Provincial de Salamanca y del Ayuntamiento de Salamanca cantidades dadas por cargos públicos, personal de confianza y afiliados del Partido Popular y, en parte, de origen desconocido". Todas estas inyecciones de dinero sumaron 41.490 euros.

Desde la sección local del PP de Salamanca reconocen, además, que "existieron cuotas por valor de 9.431,5 euros que no fueron ingresadas nominativamente por los afiliados, sino que estos acudían a la sede del Partido Popular donde depositaban su dinero y entonces era llevado por un tercero, normalmente una administrativa del Partido Popular de Salamanca, a la entidad bancaria de Caja Rural de Salamanca, siendo la misma entidad administrativa que las ingresaba en la cuenta correspondiente del Partido Popular". La cantidad de 41.490 euros, según ha acreditado durante la investigación la administrativa del PP y la asesora del PP en la Diputación de Salamanca, corresponde a donaciones que oscilan entre 60 y 1200 euros. Sobre las concesiones económicas, los donantes han declarado que no recibieron ningún documento acreditativo de la donación, que no sabían a qué persona entregaban las cantidades y que desconocían a qué cuotas impagadas de afiliados se destinó el dinero.

Por otra parte, el PP de Salamanca fue requerido por auto el pasado 7 de noviembre de 2020 para que, en el plazo de 60 días hábiles, entregara el informe de autoría de control interno en el que tienen que constar todos los actos y documentos de carácter económico contabilizados durante el ejercicio 2017. Pero el documento nunca fue entregado. Así, el fiscal hace constar en su escrito que, "transcurrido con creces el plazo dado no consta el informe de auditoría de control interno". Consiguientemente, la Fiscalía entiende que "es posible que no exista, infringiéndose el que dispone el artículo 15 de la ley de financiación de partidos políticos" que dice que "los partidos políticos tendrán que prever un sistema de control interno que garantice la adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los cuales se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, conforme a sus estatutos. El informe resultante de esta auditoría acompañará la documentación que hay que rendir al Tribunal de Cuentas".

Con todo, la Fiscalía considera que el PP de Salamanca podría haber infringido la Ley de Financiación de Partidos Políticos y solicita que se remita testigo de las actuaciones que ha llevado a cabo el juzgado en el 'caso primarias' en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, como, por ejemplo, los testificales, el listado de los afiliados que no habían pagado la cuota o el listado de los afiliados a los cuales se les pagó, entre otros.

Imagen principal: El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco/ EFE