Ada Colau tiene dos frentes abiertos con la justicia por sus actuaciones desde el consistorio. Por una parte las superilles y de la otra la movilidad por presuntas irregularidades. Quedémonos con esta última. La cúpula del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona acumula varias denuncias por la gestión en la adjudicación del servicio de motos eléctricas y tiene seis altos cargos pendientes de ser llamados a declarar ante el juez por supuestas irregularidades. La Fiscalía de Barcelona, que abrió diligencias el pasado mes de febrero para investigar la actuación de la concejala Rosa Alarcón y de su mano derecha, Manuel Valdés López, gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras, ha empezado a tomar declaración para determinar las presuntas irregularidades cometidos en todo el proceso.
El Ministerio Público tiene previsto llamar a declarar a Manuel Valdés López en calidad de "investigado". También contempla tomar declaración a la propia Alarcón; Jesús Jiménez, jefe de gabinete; Lorena Sarró, Gerencia de urbanismo y la persona que ejecuta los actos del gerente de movilidad y tiene la interlocución con los operadores; Eva Redó, exdelegada de Movilidad e Infraestructuras y que ya tiene su sustituta en el cargo, Dolors Ibáñez. Todos podrían declarar como testigos. La empresa Global Mobility Sharing denunció a Rosa Alarcón y el gerente Manuel Valdés López por los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de dinero públicos y tráfico de influencias al considerar que se han cometido "irregularidades referentes a las actuaciones y omisiones engañosas y fraudulentas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2016 hasta hoy, al haberse omitido de forma dolosa actuaciones para beneficiar en empresas del sector de la movilidad personal, así como actuaciones llevadas a cabo para intentar blanquear actuaciones ilícitas y provocando actos ilícitos a favor".
En la denuncia, se considera que la cúpula de Movilidad se ha beneficiado presuntamente a determinadas empresas, como Ecooltra y Acciona, y que ha actuado "para proteger un oligopolio ilegal de determinadas empresas que empezaron a operar en Barcelona con motos de uso compartido con anterioridad a la adjudicación de licencias".
En paralelo a este proceso, el gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras también está inmerso en otra investigación que lleva a cabo la Oficina Antifraude para la adjudicación de un contrato por la vía de emergencia de 1,2 millones de euros, gracias al cual se ampliaron en cuatro superilles o zonas restringidas al tráfico particular en el Eixample. Precisamente, sobre este barrio ha hablado la misma alcaldesa recientemente. En una entrevista en Rac1, Colau asegura sin especificar la fuente de la información, que las escuelas del barrio del Eixample sufren de este mal con unas consecuencias directas para sus alumnos: "Tenemos estudios que los niños y niñas tienen retraso cognitivo para ir a las escuelas del Eixample. Tenemos que sacar contaminación ya". Y reitera que se han registrado "problemas de desarrollo" en muchos de ellos porque "el Eixample es una autopista".