La  investigación sobre la operación de Catalunya se divide y se marcha a Madrid. La Fiscalía de Barcelona ha decidido enviar a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, la denuncia del mayor Josep Lluís Trapero, contra la policía patriótica del PP, que lo acusó de falsos hechos delictivos, según consta en los papeles de la operación Catalunya. La Fiscalía de Barcelona también ha resuelto que envía a la Fiscalía de Madrid la denuncia presentada, el marzo pasado -ante la difusión de nuevos audios del comisario José Manuel Villarejo- por 14 de los 33 jueces catalanes que en febrero de 2014 firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir en Catalunya, según ha informado fuentes de la Fiscalía a ElNacional.cat este viernes.

Así, en Catalunya, solo queda la investigación abierta por la Fiscalía Superior de Catalunya para aclarar si la persecución de la policía patriótica contra el independentismo incluyó al fiscal superior de Catalunya Martín Rodríguez Sol, al salir  su nombre en unas notas policiales dirigidas al Ministerio del Interior, que dirigía a Jorge Fernández Díaz (PP).

El caso de Trapero

Traparo presentó, el enero pasado, una denuncia  a la Fiscalía contra la “persecución injusta” que asegura que sufrió y que habría liderado el comisario jubilado José Manuel Villarejo y su equipo, que se reflejó en una de las notas informativas entre los años 2012 y 2014, que se enviaban al ministro Fernández Díaz, y que ha reproducido ElNacional.cat. En estas notas, Villarejo y otros  responsables de la policía español intentan involucrar a Trapero (a quien llamaban TRIPI), cuando no era mayor de los Mossos, en un caso de tráfico de drogas.

La policía patriótica también intentó influir en el juez del caso Macedonia, el magistrado Joaquín Aguirre, contra Trapero, pero no lo consiguieron. Es decir, no lo querían perjudicar por independentista, sino por rivalidad entre cuerpos policiales, según algunas fuentes. La denuncia acaba de llegar a la mesa de los responsables de Anticorrupción y todavía no han resuelto si abren diligencias de investigación, según fuentes del Ministerio Fiscal.

Los jueces y su DNI

En el caso de los jueces, su nueva denuncia es motivada  por la difusión de nuevos audios que revelan a los autores de la vulneración de su  derecho a la intimidad. Los magistrados aseguran que aportan pruebas documentales sobre las personas que el 2014 filtraron, de manera ilegal, unas veinte fotografías de sus DNI que, posteriormente, se publicaron en la portada del diario La Razón. La denuncia presentada la subscribe el portavoz de Ágora Judicial, Xavier González de Rivera.

En concreto, en los audios, grabados por el mismo Villarejo, se oye conversar al comisario con Eugenio Pino, quién fue director adjunto de la Policía (DAO) y el entonces responsable de la brigada de Información de la policía española en Catalunya, Pedro Esteban, y los policías admiten que realizaron la consulta de los DNI en ordenadores policiales y los entregaron al diario madrileño; y Pino indica que se tienen que borrar las pruebas.

Ningún juzgado quiso investigar la filtración de datos personales de los jueces y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó el Reino de España por no investigarlo y no protegerlos. El gobierno del PSOE admitió pagarles una indemnización por una irregularidad del gobierno del PP, pero no se depuraron responsabilidades de ningún cargo político ni funcionario.

Por ahora, ninguna denuncia contra los responsables políticos y los funcionarios de la Operación Cataluña no ha prosperado. El caso más flagrante es el de la acusación falsa al expresidente del Barça, Sandro Rosell, y del cual la Audiencia de Madrid ha dado carpetazo final a sus denuncias.