Nuevo carpetazo a la judicialización de acciones del Govern. La fiscalía de Barcelona ha informado a ElNacional.cat, que ha archivado las diligencias de investigación abiertas el verano pasado para averiguar si la junta de gobierno del Institut Català de Finances (ICF) cometió algún delito al aprobar, dividida, el mecanismo para avalar a los 34 excargos del Govern ante Tribunal de Cuentas, que le reclamaba 5,4 millones de euros por la acción exterior entre los años 2011 en el 2017. La denuncia fue presentada por Cs a la fiscalía. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), con el visto bueno de la fiscalía superior, ya archivó la causa contra tres miembros del Govern: el presidente Pere Aragonès, el conseller de Economía, Jaume Giró, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, al considerar que no habían cometido ninguna acción delictiva. En este caso, la denuncia era presentada por Cs, Vox y Convivencia Cívica Ciudadana.
La Fiscalía Superior de Catalunya, al recibir las denuncias de Cs, ordenó a la fiscalía de Barcelona investigar a los integrantes del Institut Català de Finances, y no admitía la investigación al Govern porque ya había una causa abierta en el TSJC. Técnicos y funcionarios del ICF desfilaron por la fiscalía, y ahora, se ha comunicado el archivo del procedimiento al concluir que no se ha cometido ningún hecho delictivo por parte de los responsables de l'ICF. El partido de Cs aseguraba que con los avales para la causa de Exteriores se cometía un delito de malversación de fondos, ahora descartado. Además, este lunes se supo que el Tribunal de Cuentas ha aceptado los recursos del gobierno y permite que avale a los cargos públicos investigados por el tribunal fiscalizador con el fin de garantizar su presunción de inocencia.
Razonamientos
El noviembre pasado, en la resolución de archivo de la denuncia por malversación de fondos contra el Gobierno, el TSJC, siguiendo los argumentos de la Fiscalía Superior de Catalunya, consideró que la Generalitat "sigue conservando el control sobre los recursos y dispone de un procedimiento ejecutivo que garantiza su retorno. Solamente se podría perseguir los miembros del Gobierno si el aval se ejecuta y después no se pide el retorno".
El posible delito de prevaricación administrativa también se tendría que descartar, según el alto tribunal catalán, porque el Govern no solamente es un órgano administrativo sino político y constitucional, y sus actos políticos y legislativos, como el decreto ley del julio pasado sobre los avales, no pueden ser perseguidos penalmente por prevaricación, porque no son simples resoluciones administrativas, sino normas con rango de ley. De hecho, el TSJC recordaba que el decreto ley se creó para resolver con urgencia la petición de avales del Tribunal de Cuentas a varios ex altos cargos del Govern, pero también abarca a otros posibles afectados por hechos similares y que todavía no tengan sentencia firme.
No obstante, la aprobación del sistema de avales no fue fácil en el Parlamento y hubo dimisiones en el sí del ICF. El julio pasado, en un pleno intenso, el Parlamento aprobó por la noche el decreto ley de creación del Fondo Complementario de Riesgos con que el Govern ha cubierto los avales de exaltos cargos ante el Tribunal de Cuentas. El decreto fue aprobado con los votos a favor, de ERC, Junts y la CUP, la abstención de PSC y los comunes y la negativa de Vox, Cs y PP. El Departamento de Economía, que encabeza Jaume Giró, tuvo que superar las tensiones entre los socios del Govern y dentro de la junta del ICF, pero recogió el aval unánime del Consejo de Garantías Estatutarias al texto. Cuándo el Tribunal de Cuentas rehusó este aval en octubre, fue reprobado por el Parlamento catalán. La sala de este tribunal fiscalizador rectificó ayer esta negativa, al atender los recursos de Economía y de los investigados.