El conocido como el caso de las mamografías en Andalucía supuso un varapalo para el gobierno andaluz de Juanma Moreno el otoño pasado. La consejera de Salud de la Junta dimitió después de que se detectaran errores significativos en el sistema de cribado del cáncer de mama, identificados por las pacientes afectadas y no por el departamento. Concretamente, el ejecutivo andaluz admitió que hasta 2.000 mujeres que se hicieron una mamografía en los últimos años no fueron informadas sobre resultados dudosos que necesitaban un seguimiento o pruebas adicionales. Esto provocó retrasos graves en su diagnóstico o tratamiento. En este contexto, se presentaron varias denuncias contra la Junta de Andalucía y los responsables de esta cuestión, por ejemplo, la Asociación del Paciente. Ahora, medio año después de que estallara el escándalo, la Fiscalía de Andalucía (encargada de la investigación en el caso de los cargos públicos aforados) ha archivado las tres denuncias contra cinco altos cargos que han ocupado puestos de responsabilidad de la Consejería de Salud de la Junta. Entre estas cinco personas hay dos aforadas, la exconsejera Catalina García y su predecesor en el cargo y actual presidente del parlamento andaluz, Jesús Aguirre. 

Unos errores sin un patrón concreto 

Según las conclusiones de la Fiscalía, no hay indicios de delito por parte de García o Aguirre. En su decreto, la Fiscalía asegura que en las diligencias de investigación preprocesales, los hechos hicieron referencia a errores o deficiencias en el protocolo del cribado de cáncer de mama. También, según la misma autoridad, sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como "no concluyentes" o "dudosos", o la falta de comunicación de las pruebas realizadas, entre otros elementos.  Según el escrito de la Fiscalía, en los hechos denunciados por las mujeres que fueron víctimas de estos errores y que provocaron manifestaciones ante la sede del Gobierno andaluz en Sevilla, no hay ningún patrón que permita juntarlos para concretarlos con una responsabilidad que se pudiera extender más allá de los elementos concretos en cada procedimiento. Por ello, resuelve que se ha de investigar "de manera individual y separada". 

La decisión de la Fiscalía supone un cambio de paradigma en esta crisis, la más grave que ha tenido que afrontar el gobierno andaluz en esta legislatura, donde Juanma Moreno ha gobernado cómodamente con mayoría absoluta, y sin tener en cuenta la tragedia ferroviaria en Adamuz, con más de una cuarentena de víctimas mortales. Este 2026 es año electoral en Andalucía y Moreno se enfrentará a María Jesús Montero como candidata del PSOE andaluz a las urnas. La ministra tiene unas perspectivas electorales bastante malas y, ante esta crisis, alzó la voz contra el gobierno del PP, a pesar de que ahora la Fiscalía haya archivado las denuncias: "Lo que ha pasado con los cribados no es un error, sino el colapso del sistema sanitario andaluz", exclamó entonces.