El fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo (TS) José Antonio Martín Pallín ha criticado la estrategia del gobierno español de querer parar el 1-O usando de escudo la justicia.

Según mantiene, el derecho penal "no puede detener el referéndum". Y da un paso más asegurando que las querellas presentadas por la Fiscalía "son forzadas y no se ajustan a la legalidad".

"No es factible y es irracional intentar detener una riada con la ley y las fuerzas de seguridad", critica. En este sentido, también ha reconocido que no entiende cuál es el objetivo de citar a declarar 712 alcaldes. "Si ceden locales, como mucho estarían colaborando en un delito de desobediencia porque el de referéndum ilegal no existe", ha manifestado.

Además, considera que perseguir aquellos que quieren ceder locales para poner urnas "es una situación que no admiten los valores de la Constitución en un país democrático".

Por lo tanto, se muestra partidario de dejar votar porque, según apunta, el referéndum "no tiene garantías y no será reconocido por los organismos internacionales". A partir de aquí, pide diálogo y que se abra la puerta a reformar la Constitución.

Martín Pallín tiene una larga trayectoria jurídica. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo y, actualmente, ejerce de abogado. Ante el conflicto entre Catalunya y el estado español, insiste en que la solución tiene que ser la política y no la activación de todos los mecanismos judiciales que el gobierno de Mariano Rajoy tiene al alcance.

Lo explica usando una metáfora. "Intentar parar con la ley o las fuerzas de seguridad una riada no es factible y es irracional a quien se le haya ocurrido", ha valorado. Considera que el derecho penal no tiene mecanismos para detener la votación, como tampoco el derecho "político-constitucional". "No podrá parar la actividad de votar, los efectos jurídicos que se deriven ya es otra cosa", apunta.

Querellas "forzadas y no ajustadas a la legalidad"

También considera que la vía de querellarse contra todos aquellos que impulsen el referéndum también es un error.

Es más, apunta que la Fiscalía está abriendo investigaciones que "son forzadas y no ajustadas a la legalidad". En este sentido, recuerda que el TSJC ya descartó la malversación a la querella contra los miembros de la Mesa (un delito que incluye prisión).

Sobre la citación masiva de más de 700 alcaldes favorables al referéndum, asegura que "no "entiende" a quién objetivo sigue porque, como mucho, se les podría atribuir un delito de desobediencia "porque no hay ningún delito" que castigue colaborar con un referéndum declarado ilegal.

Dejar votar

Ante este contexto, el magistrado emérito del TS apuesta por dejar que los ciudadanos vayan a votar el 1-O ya que, según observación, "el referéndum no se ajusta a la legalidad autonómica, española ni internacional". "Se pongan como se pongan, o pase lo que pase, el referéndum no tiene validez en el ámbito de la comunidad internacional", añade.

Para solucionar la situación, cree que la receta pasa por la política y para abrir la reforma de la Constitución, que califica "de indispensable". "Ya sea a través del retoque de la Ley de referéndum o de la Constitución se tiene que permitir votar, pero tiene que ser con muchas condiciones, limitaciones y compromisos por los dos lados, que se tienen que sentar a hablar", sentencia.