El fiscal ha activado los mecanismos para revisar la prisión preventiva del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, en caso de que el tribunal no haga pública la sentencia por el juicio del 1-O antes del próximo miércoles, 16 de octubre. Aquel día se cumplen los dos años de prisión preventiva de los dos líderes independentistas, el plazo máximo que contempla la ley, por lo cual el tribunal tendría que dictar una prórroga si quiere seguir manteniéndolos encarcelados o bien dejarlos en libertad.
El fiscal, que en su escrito recuerda que la causa se encuentra ya juzgada y a la espera de sentencia, advierte que "se vulneraría el derecho a la libertad personal en el supuesto de la permanencia en prisión provisional se alargara más allá del límite permitido legalmente sin que, con carácter previo, se hubiera dictado un auto en que de forma expresa se prorrogara la prisión provisional".
Asimismo, aunque admite que la ley no requiere expresamente que la resolución de la prórroga de la prisión provisional se acuerde antes de la expiración del plazo inicial, ha subrayado que constituye una "exigencia lógica" que la decisión se adopte dentro de los plazos.
Por esta razón, fuentes de las defensas de los dos líderes independentistas prevén que serán convocados en los próximos días a una vista para abordar esta cuestión, la cual Cuixart y Sànchez podrían seguir por videoconferencia.
Precisamente, la finalización del plazo de dos años que fija la ley para la prisión preventiva es una de las razones que se argumenta para subrayar la inminencia de la sentencia del juicio que, para mantenerse dentro de estos márgenes del calendario, debería haberse hecho pública antes del miércoles.