El fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada es uno de los 12 miembros de la junta de fiscales que el pasado martes votó a favor de investigar el Tsunami Democràtic como terrorismo. En una entrevista este domingo a l'ABC ha cargado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo nombramiento se impugnó el viernes ante el Supremo, y contra el gobierno de Pedro Sánchez. Este martes la junta de fiscales consideró por una mayoría abrumadora de 12 en 3 que ve terrorismo en Tsunami, en cambio, el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, ha emitido un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a Carles Puigdemont por terrorismo. Después de esta decisión, Viada denunció que "los habían hecho a un 155".

Viada ha asegurado que el fiscal general ya sabía lo que iba a pasar, y ha detallado que en la junta de fiscales prevalece el principio de unidad al de legalidad y, por lo tanto, aunque haya una mayoría de fiscales que están a favor de interpretar una ley de determinada manera y tendría que prevalecer, el estatuto establece que si la superioridad tiene una interpretación diferente, se impone la suya por jerarquía. Al ser preguntado si este mecanismo le resulta "anómalo", ya que, finalmente, decide una persona nombrada por el Gobierno, Viada ha afirmado que se tendría que cambiar esta práctica, y ha defendido que "el Ministerio Fiscal tiene que ser una institución autónoma e independiente en sus decisiones" y sus principios son incompatibles con qué "esté dirigido desde el Gobierno con un mando a distancia. Es una incongruencia absoluta". En este sentido, ha señalado que tendría que ser "independiente del Gobierno".

Cambio de criterio con respecto a Puigdemont

Solo hace unos días el fiscal del Tribunal Supremo rechazaba indicios de criminalidad contra Carles Puigdemont a Tsunami, después de haberse opuesto a investigarlo por terrorismo. "Los indicios tenidos en cuenta por el instructor, en orden a elevar la exposición razonada, resultan demasiado abiertos, para poder afirmarse que concurre la situación procesal que permitiría, razonablemente, que el Tribunal Supremo asumiera la competencia", apuntaba Álvaro Redondo en un escrito de 69 páginas con fecha del 30 de enero. En solo 72 horas Redondo cambió de criterio, ya que elaboró 2 informes diferentes. Según informaba El Mundo, en uno de ellos sostenía en cinco ocasiones que las actuaciones de Tsunami Democràtic tenían relación con Carles Puigdemont y encaje como delitos de terrorismo, en el otro se retractaba del hecho de que existieran delitos de terrorismo.

Sobre este cambio de criterio, Viada ha considerado que ha actuado de forma parcial "no me puedo creer que un fiscal con la experiencia de Álvaro Redondo, con todas las muestras de integridad que ha demostrado a lo largo de los dieciséis años que llevo trabajando con él, vaya a hacer una cosa así". Preguntado por la "casualidad" en el cambio de opinión tanto de la Audiencia Nacional como del Supremo, ha evitado manifestarse "sería asumir que estas casualidades son, por así decirlo, políticas, que estos cambios de opinión se derivan de la política". El fiscal considera que el hecho que varios miembros del ejecutivo español, entre ellos Pedro Sánchez y Félix Bolaños, afirmen que Tsunami no es terrorismo, solo es una manera de "justificar sus posiciones políticas ante la opinión pública".

Pérdida de credibilidad

El fiscal del Supremo ha lamentado que la Fiscalía se encuentra en uno de sus peores momentos de "credibilidad y de funcionamiento". Tanto es así que ha definido la Fiscalía como un "auténtico despropósito" en relación con sus principios de funcionamiento, en concreto, porque depende del ministerio de Justicia. ¿Además, se ha preguntado "como puede ser que un gobierno nombre a un fiscal general del Estado de las maneras que lo está haciendo, escogiendo al más amigo que encontrada para que me arregle problemas concretos? Hay un manto de oscuridad, de opacidad en las relaciones entre los fiscales generales del Estado y el Gobierno".

Veteada también ha criticado los cambios que ha hecho el gobierno de Sánchez con respecto a algunas leyes, "llevamos ya medio centenar de reformas del Código Penal desde que se publicó. ¿Cómo es posible eso"? En este sentido, ha advertido que el estado de derecho está en periil "porque la ley de amnistía implica muchas cosas". "Al policía en el cual le han abierto la cabeza le es igual que la hayan abierto por una cosa que por otra. Es su cabeza. Todo eso se ignora. El principio de igualdad es muy importante, pero hay más cosas. La separación de poderes. La amnistía se descartó en la ponencia constitucional y en el Código Penal no hubo ni una enmienda ni se habló de introducir la amnistía como a causa de excepción de la responsabilidad, porque se entiende que es una cosa que supone un cambio de régimen," ha reflexionado.