El nuevo Fiscal General del Estado Julián Sánchez Melgar mantendrá la línea seguida por el difunto José Manuel Maza contra los dirigentes independentistas, una vez tome posesión del cargo al frente del ministerio público, según ha informado este martes en la comparecencia en el Congreso para explicar su proyecto. Melgar ha aclarado que no "criminalizaría" ningún posicionamiento ideológico, pese a que la respuesta sería "serena, pero firme y proporcionada" contra cualquier acto de "desprecio a la Constitución", como considera supondría una reiteración de la "desobediencia".
"No llegamos a entender por qué se tiene que cumplir la ley en una parte del territorio y no en otra" ha denunciado el nuevo fiscal del Estado en alusión al proceso independentista. Eso pasa en medio de los juicios en los mimebros del Govern destituido, y después de la liberación de seis consellers este lunes, muchos de los cuales se presentan a las elecciones del 21-D. Melgar ha recordado pues "la obligación" de la fiscalía de "defender la legalidad constitucional", motivo por que no se ha opuesto a una reforma de la Constitución "por los procedimientos establecidos" si es que algún territorio tenía aspiraciones soberanistas.
Pese a que todos los grupos han participado del debate, las diputadas más contundentes cuanto a la cuestión catalana, si bien, han sido las representantes de ERC y el PDeCAT, Ester Capella y Lourdes Ciuró, en la denuncia a las cargas policiales del 1-O y determinados casos de "catalanofobia" que se habrían llevado a los juzgados.
Capella ha asegurado que se estaba emprendiendo una acción "propia de los regímenes totalitarios", en el intento presunto que se acatara la Constitución por parte de los presos del Govern destituido, como requisito para ser liberados cautelarmente –a su parecer. Al respecto, la republicana ha recordado que en España la Constitución española no exige militancia. De la misma manera, ha lamentado una "persecución de intenciones e ideológica" que se habría puesto de manifiesto cuando la Fiscalía hizo pública un auto sobre los dirigentes soberanistas titulada "más dura será la caída".
Ciuró ha hablado de "violación de derechos humanos, ataques a la integridad física, grave desproporción del uso de la fuerza", en alusión a la forma como se intentó interrumpir el referéndum a través de la Policía y la Guardia Civil, sin que a su parecer eso hubiera sido perseguido por la fiscalía. En segundo lugar, ha expuesto "ataques a la privacidad" mediante entradas a domicilios y "vulneración del derecho de reunión", así como de expresión. "La comisión europea ha iniciado una investigación sobre si hubo por cierre de webs por parte de la Guardia Civil" ha recordado sobre los actos previos al 1-O.
"Guerra sin cuartel"
Ante las dudas sobre la presunta politización de la Justicia española, Melgar ha reivindicado la "plena separación de poderes" entre ejecutivo, legislativo y judicial, además de prometer que sería "inmune" ante cualquier consideración externa, sin aludir nombres. Así las cosas, el próximo fiscal general, garantizó una "guerra sin cuartel" contra la corrupción y un apoyo contundente a "todas las actuaciones de la fiscalía anticorrupción".