Uno de los casos destacados de la trama que supuestamente quería torpedear causas judiciales contra el PSOE y el presidente del Gobierno, atribuida al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante Leire Díez, que investiga la Audiencia Nacional, es el del fiscal José Grinda González. Se indica que quisieron sobornar a Grinda con el pago de unos 300.000 euros o un puesto de trabajo en el extranjero, a cambio de que archivara procedimientos y que diera información contra su superior, el fiscal Alejandro Luzón. Se da la circunstancia de que desde hace unos meses el fiscal Grinda, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, trabaja en la Escuela de Jueces y Fiscales de Bolivia, que forma parte de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), según han confirmado fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) a ElNacional.cat este martes.
La propuesta de soborno es paradójica, ya que la mayoría de los casos en que ha participado Grinda ya estaban en fase de juicio (caso Pujol, caso 3 %, caso Zed del empresario también investigado Javier Pérez Dolset). Además, la mayoría de los afectados de la operación Catalunya vinculados con esta trama, como el expresidente del Barça, Sandro Rosell, quería saber qué investigadores lo habían incriminado sin pruebas, que provocó su prisión preventiva, o quién provocó el cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA).
El fiscal Grinda se obcecó con ciertos empresarios catalanes y con el president en el exilio Carles Puigdemont (caso de Aigües Girona, archivado en 2020 por el Supremo). Una de sus últimas investigaciones, con petición de archivo —por otra fiscal—, es el caso Ambulancias Egara en la Audiencia Nacional.
La propuesta, en 2025
José Grinda denunció a la Fiscalía que el 27 de febrero de 2025 fue el periodista Pere Rusiñol quien le entregó un papel con la propuesta de soborno. La Fiscalía hizo una mínima investigación hasta que el caso fue denunciado por Grinda y el fiscal Ignacio Stampa, que declararon en un juzgado de Madrid en noviembre de 2025, causa en la que también fue imputado el director de la revista Mongolia. Grinda aclaró que no denunciaba personas, que no sabía quién era la tal Leire y solo denunciaba hechos.
Toda esta investigación es la que quiere asumir ahora el juez Santiago Pedraz al asegurar que hay indicios del delito contra las administraciones del Estado, que es competencia de la Audiencia Nacional. El juez Pedraz también ha reclamado ahora a la Fiscalía General del Estado —a petición de Anticorrupción— si Leire Díez u otros investigados se reunieron con algunos de sus responsables, como ella aseguraba.
En la causa, la Guardia Civil detalla que en anotaciones encontradas en la agenda de Leire Díez decía: "300.000€ para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor". Se refiere a dos denuncias por pedofilia contra él. Ambos casos volvieron a ser difundidos meses antes del supuesto soborno, con la aparición de nuevos audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo y en audios con Francisco Martínez, el número 2 del exministro Jorge Fernández Díaz (PP).
En el sumario, se ha sabido que Díez, calificada de la fontanera del PSOE, quería que el comisario Villarejo, asociado a las cloacas del PP, le diera material comprometido contra el gobierno de Mariano Rajoy. También se han descubierto los audios, donde Martínez confirma a Díez que Fernández Díaz filtraba información falsa contra sus rivales, especialmente de políticos de Convergència, como el exalcalde Xavier Trias.