Como la alegoría de la lucha de poder entre el Estado y la "comunidad autónoma de Catalunya". En el juicio al exconseller de la Presidència, Francesc Homs, por el 9-N, el fiscal Jaime Moreno se ha erigido como la encarnación de "el estado de derecho", del "Imperio de la ley", de "la actuación recta y no arbitraria" de la Constitución para elevar a firme la petición de 9 años de inhabilitación a Homs, por delitos de "prevaricación y desobediencia", denunciando que la Generalitat no habría dudado nunca de la providencia del Tribunal Constitucional, sino que la "desoyó" culposamente.

Moreno ha abierto su informe final de conclusiones con una declaración de intenciones: el 9-N buscaba consultar a los ciudadanos sobre la independencia de Catalunya, cosa que alteraría "el orden constituido", y el principio de sumisión de los poderes públicos a la legalidad vigente.

El fiscal ha reivindicado la autoridad del TC cargando contra la idea de que su providencia del 4 de noviembre no iba destinada a considerar la constitucionalidad, o no, de la consulta, sino a actuar como medida cautelar de suspensión. Contra aquello que sostiene la defensa, Moreno ha dicho que la Generalitat lo interpretó igual, asegurando que el recurso de súplica que esta presentó era la forma de admitirlo. También ha añadido que si obedecieron la sentencia de septiembre del 2014, lo tenían que hacer con la del 4 de noviembre, desmontando la creencia alegada de que el TC hacía actos "declarativos" y no se dieron por notificados porque no hubo apercibimiento.

El fiscal se ha deshecho en ejemplos sobre la tesis de que Homs era consciente de ello y seguía actuando. Ha teatralizado que un trabajador de T-Systems "tuvo que oír la radio" para saber que el TC había notificado una suspensión, y el exconseller le habría dicho que siguiera ejerciendo. "Había el acuerdo conjunto de todos de no parar. Se hicieron acciones omisivas y activas, como se ve en la carta que Homs envió a T-Systems. Lo dijo el técnico: "Si paro, no llego", ha expuesto. Más tarde se ha indignado sobre que el Govern catalán no sabía si suspender la web. "¡Que les he dicho que la cierren!", ha exclamado como en boca del TC. Aquí ha recordado que, según los peritos, se siguieron haciendo modificaciones en el portal participa2014, pese a la providencia.

La filosofía del representante del Ministerio Público es que no se trata de un juicio de legitimidades, sino de legalidades. No duda que tanto Estado como autonomía podían tener puntos de vista diferentes sobre un hecho que más tarde el Alto Tribunal hizo inconstitucional. Ahora bien, considera que Homs desobedeció, porque erigió su "voluntad y criterio como fuente normativa". Por eso, no acató la orden que le había sido enviada, cuando a su parecer, sólo presentaba dudas, sobre una "parte limitada" del escrito del TC, como quedaría recogido en el recurso de súplica.

Además de señalar a Homs culpable, ha querido huir de "desviar la atención" porque no se estaría juzgando los participantes o los voluntarios, a quienes libra de culpa porque "ya se lo encontraron todo hecho". La idea de fondo es que el gobierno autónomo "prevaricó" porque se apropió de una competencia –hacer consultas– que no le correspondía, cosa que Homs, que contaba con todos los servicios jurídicos y es abogado, debió saber. Así habría quedado retratado en la sentencia del caso Atutxa, como ha recordado Moreno ante la sala. Es decir, que el poder de hacer consultas ciudadanas pertenece al Estado, y no a las comunidades.