Ya se ha conformado el Govern Aragonès, que da los primeros pasos y avanza hacia la mesa de diálogo. Pero nada se ha movido a pesar del relevo en el Palau de la Generalitat. La delegación catalana sigue apostando por amnistía y autodeterminación, para negociarlo con el Estado. Y la delegación española continúa abrazada a la "agenda del reencuentro" que Pedro Sánchez entregó al president Quim Torra en febrero del 2020. Este documento, de 44 puntos, contempla entre otros la mejora del sistema de financiación, "medidas para la desjudicialización" o la gestión autonómica del 0,7% del IRPF.

Todavía falta por fijar la fecha de la reactivación, pero, en declaraciones este jueves desde Bilbao, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha prometido "la mejor de las disposiciones" para escuchar lo que proponga el president Aragonès. Ha señalado que, una vez se reúnan Sánchez y Aragonès en La Moncloa, previsiblemente la semana que viene, se adoptarán "las decisiones que volverán a poner en marcha de nuevo la mesa de diálogo". Y ha vuelto a dejar claro que la propuesta de La Moncloa ya "fijó el temario" hace mucho tiempo cuando Sánchez "presentó en Barcelona la agenda para el reencuentro".

Esta "agenda" consta de 44 puntos, que la delegación española pondrá encima de la mesa. El primer compromiso es el de tomar medidas para "evitar la judicialización de la política" y también la "búsqueda de soluciones en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica".

Probablemente uno de los puntos nucleares de la propuesta de La Moncloa sea la reforma del sistema de financiación autonómica. El documento señala que "el objetivo es implantar un sistema que cuente con la participación de los territorios y que permita garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles, a la vez que asegurar la justa distribución de recursos públicos y la capacidad de las comunidades para proveer los servicios y prestaciones sociales". Este mismo apartado incluía la mejorar de los objetivos de déficit, el cumplimiento de las inversiones o "la autonomía financiera y tributaria de la Generalitat".

El texto que Sánchez entregó a Torra, y que se mantiene vigente para el Gobierno, mostraba disposición a atender demandas de la Generalitat pendientes de resolver judicialmente, con el objetivo de "reducir la conflictividad institucional". De la misma manera, aunque "con matices", el ejecutivo central se abría a coordinar la acción exterior, subrayando que "las delegaciones de la Generalitat en el exterior se tienen que ajustar a los principios contenidos a la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado".

Por otra parte, la "agenda para el reencuentro" también apunta que está "abierta a la negociación" la gestión autonómica del 0,7% de la IRPF para finalidades sociales, que "puede ser abordada en la comisión bilateral Generalitat-Estado". También se abría a posibles "avances a corto plazo en materia de becas, compensaciones por nuevas plazas judiciales y reclamaciones administrativas". Se trata de demandas de traspasos en el marco del desarrollo del Estatut del 2006.

Algunos de aquellos 44 puntos directamente ya fueron abordados, el pasado otoño, en la negociación de los presupuestos del Estado entre el Gobierno y Esquerra Republicana. Es el caso, por ejemplo, del blindaje de la inmersión lingüística en la nueva ley de educación estatal.