El juzgado de instrucción número 1 de Reus ha dictado un auto en que pide a los tres vecinos investigados por el 1-O en Mont-roig del Camp que ingresen una fianza de 13.300 euros con el fin de asegurar la responsabilidad civil en caso de que sean condenados. Según informa a la asociación de Advocats Voluntaris 1 d’Octubre de Reus, tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado piden prisión para los tres por los supuestos delitos de atentado y lesiones.

La entidad explica que el procedimiento todavía está abierto y que, en caso de que no consignen el dinero, es "más que probable" que el juez acuerde el embargo de sus bienes. Por este motivo, se han puesto en contacto con la 'Caixa de Solidaridad' y este ente ya les ha mostrado su predisposición a afrontar el pago.

En noviembre del 2018 los tres investigados se negaron a declarar ante la jueza y sólo respondieron a las preguntas de sus abogados. Según explicaron entonces, dos están encausados presuntamente por causar lesiones a agentes de la Guardia Civil -en concreto en los dedos, según denunciaban los agentes-, y un tercero por actuar de "líder" de las personas concentradas en las puertas del instituto Antoni Ballester de Mont-roig.

Mont-roig fue uno de los municipios donde se vivió una jornada del 1-O convulsa. Los agentes rociaron gas lacrimógeno para poder acceder al punto de votación, según denunciaron las personas que se reunían. Además, la imagen de todos los vecinos "acompañando" a la Guardia Civil hasta la salida del pueblo se hizo viral.

El juzgado archivó la querella contra la Guardia Civil

Por el contrario, el junio pasado el mismo juzgado archivó provisionalmente la querella contra la Guardia Civil por las cargas del 1-O en el municipio al considerar que no hay indicios de infracción penal. La resolución recogía que la actuación del cuerpo policial se amparaba en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del 27 de septiembre del 2017, que no fue desproporcionada y que, en todo caso, las lesiones a los votantes serían delitos leves que no se podrían resolver por no haber quedado acreditada la identidad de los agresores.

De la misma manera, siguiendo el criterio de la fiscalía el juzgado también archivó un procedimiento abierto contra dos agentes de los Mossos d'Esquadra a quien la Guardia Civil acusaba de no colaborar para impedir la votación en Mont-roig. El ministerio público argumentaba que los agentes no obstaculizaron la acción de la Guardia Civil -que se llevó las urnas-, y que cumplieron órdenes de sus superiores. La fiscalía concluía que la actitud "pasiva" de estos agentes no era suficiente para mantenerlos como investigados y no se opuso a que el juzgado de Reus archivara el caso.