La familia Cierco ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial al Gobierno porque sostiene que las actuaciones de las cloacas del Estado, bajo el gobierno del PP, en la persecución del independentismo catalán habrían provocado la intervención y posterior liquidación de Banco Madrid y de la Banca Privada de Andorra (BPA), de la cual eran accionistas mayoritarios, el año 2015. En concreto, reclaman 374.893.151 euros que es el perjuicio que se ha causado a su patrimonio, precisan. La demanda, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, destaca que se presenta en este momento porque en el Estado español se han cerrado todos los procedimientos, penales y administrativos, contra Banco Madrid, en los cuales se ha desmentido las acusaciones de blanqueo de capitales o de irregularidades.
Añade que la prueba clave es que una jueza de Andorra ha admitido una ampliación de querella, que se dirige contra el entonces presidente Mariano Rajoy, los ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, y excargos de la policía española, acusados de extorsionar al entonces consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel, así como a uno de sus propietarios, Higini Cierco, para conseguir cuentas bancarias de la familia Pujol Ferrusola y, si tenían, de Artur Mas y Oriol Junqueras. En la demanda se adjuntan nuevas notas informativas de Villarejo, que iban directamente a Rajoy, que este diario está recogiendo en la investigación sobre los Papeles secretos de la operación Catalunya.
Los acusados
Además de la policía patriótica del PP, en la reclamación, dirigida al Ministerio de la Presidencia, se indica que la Unidad de Inteligencia Financiera española (Sepblac) habría informado a la andorrana y a las autoridades norteamericanas (FinCEN) de esta sospecha de blanqueo de capitales nunca probada, que habría provocado la intervención de las dos entidades financieras. Aportan todas las pruebas que hay en Andorra, como son los audios con las amenazas y las notas informativas del comisario Manuel Villarejo, el cual corroboró toda esta actuación ilegal, que —según él— dirigía el comisario Marcelino Martín-Blas con el inspector Bonifacio Díez, bajo el mandato del sus superiores también acusados: Eugenio Pino exdirector Adjunto Operativo (DAO) de la policía española; Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez.
La reclamación fue presentada a finales de marzo del año pasado y el Gobierno todavía no ha dado respuesta, aunque desde el Ministerio de Presidencia se habría comunicado que se transmitía al Ministerio del Interior. ElNacional.cat ha pedido información al ejecutivo sobre la situación en la que se encuentra el procedimiento, sin conseguir ninguna concreción.
Segunda reclamación
Esta es la segunda reclamación de responsabilidad patrimonial que presenta la familia Cierco al Gobierno. El octubre pasado, la Audiencia Nacional denegó la reclamación de 141 millones que habían presentado por la intervención y liquidación de Banco Madrid bajo la "falsa" sospecha de favorecer el blanqueo de capitales. En una resolución, la sala del contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, afirma que la actuación del Banco de España "fue razonada, razonable y proporcionada" ante la información que tenía en aquellos momentos, marzo del 2015, aunque cuatro años después se desmintió.
En la actual demanda, la familia Cierco recuerda que ha presentado recurso al Tribunal Supremo sobre esta primera negativa y que si es aceptada su reclamación, se tendrá que restar de la indemnización que ahora exigen, fijada a partir de su participación en el capital social de ambas entidades: 189.790.809 euros por la pérdida patrimonial sufrida por la liquidación de la BPA y 185.102.341 euros más por la liquidación de Banco Madrid.
"Los ahora reclamantes entienden que, tanto la decisión de intervención adoptada por el Banco de España, como las posteriores que dieron lugar a la liquidación de Banco de Madrid, son antijurídicas, irrazonables y generadoras de un daño que aquellas no tenían el deber de soportar. En la medida en que les generaron un perjuicio económico evidente, como es la pérdida absoluta del valor de su participación en el Banco de Madrid", destaca la reclamación.
Querella andorrana
En la demanda, se expone que la titular de la sección de Instrucción Especializada 2 de Andorra aceptó el 18 de mayo de 2022 la ampliación de la querella, que presentaron el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA), que ejerce de acusación popular con la entidad catalana Drets, que acusan al gobierno del PP de ir contra las instituciones andorranas. Además, dictó comisiones rogatorias internacionales al Estado español a fin de que los encausados declaren. Una posibilidad que actualmente se mantiene bloqueada en juzgados españoles con respecto al expresidente Rajoy y sus ministros. "A partir de estas resoluciones, los hechos conocidos por algunos adquieren credibilidad frente en terceros, al otorgársela, —al menos de forma indiciaria— la justicia andorrana", afirma la reclamación. Además, añade que las acciones de las cloacas del Estado han aparecido en la prensa, y que se interrogó a cargos policiales en la comisión del Congreso de los Diputados sobre la Operación Catalunya, que ahora se vuelve a impulsar.
"Cargarse el banco"
La querella en Andorra la presentaron inicialmente el ex CEO de BPA, Joan Pau Miquel, y el propietario del banco, Hingini Cierco, por los delitos de amenazas contra el inspector de la policía española agregado en la embajada española en Andorra Celestino Barroso y el comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de la unidad de Asuntos Internos del CNP. En mayo del 2022, la batlle de Andorra acepta la ampliación por los delitos de chantaje, falsedad documental y contra los órganos constitucionales de Andorra, así como los investigados, donde se incluye, al entonces presidente Rajoy y sus ministros de Hacienda y del Interior. Se añade que en la comisión rogatoria internacional la jueza indica que "los hechos denunciados en las querellas estarían relacionados con supuestas extorsiones, coacciones y chantaje realizados desde el año 2014 por agentes de la policía española a responsables de la BPA. La razón era conocer, a través de vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana y relacionada con diferentes gobernantes de Catalunya y sus familiares, entre los cuales Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras".
Joan Pau Miquel grabó la entrevista con Celestino Barroso, donde este le amenaza con que si no atiende a sus exigencias, el banco será hundido. También se lo comunicó Martín-Blas en tres reuniones el verano 2014. Se detalla que la primera reunión fue el 6 de junio de 2014 en el hotel Villamagna de Madrid, y que Martín-Blas (que se hacía llamar Félix) le mostró un papel escondido bajo un diario que decía el Estado español "está en guerra" contra el nacionalismo catalán, y se añadía la exigencia de información sobre Artur Mas, Oriol Junqueras y Jordi Pujol. Miquel le dijo que no podía hacerlo y la respuesta del comisario Martín-Blas fue insistirle "aseverando en que varias personalidades andorranas le habían confirmado que existía esta información bancaria y que tan solo tenían que confirmarla", según recoge la reclamación. La segunda reunión se produjo en el mismo hotel el día 18 de junio de 2014 entre los mismos interlocutores, y también una de tercera.
En el texto se asegura que en todas las conversaciones "Martín-Blas manifiesta continuamente que se cargarían el banco; que los americanos estaban esperando, que ya estaba todo hecho y que se trataba de deshacer, y que el Sepblac estaba lleno de policías que trabajan para él".
El trabajo de las cloacas dio sus frutos. El 25 de julio de 2014, el president Pujol confesó que la familia tenía cuentas en Andorra sin declarar, que eran de la herencia del abuelo Florenci, después de que El Mundo publicara el pantallazo de sus cuentas. Hacía décadas que tenían el dinero (140 millones de pesetas iniciales en 1990) en Andbank, hasta que les invitaron a marcharse y se fueron a la BPA. La Audiencia Nacional todavía tiene que fijar la fecha del juicio a la familia Pujol Ferrusola para responder sobre este dinero.
Información falsa a los norteamericanos
La intervención de los dos bancos, el 10 de marzo del 2015, por las autoridades andorranas y españolas se produjo al mismo tiempo que se emitieron sospechas de blanqueo de capitales. La familia Cierco revela que en el sumario del proceso judicial seguido en Andorra "se ha puesto de manifiesto que estas notas fueron elaboradas por el FinCEN partiendo de informaciones falsas suministradas a los organismos de los EE. UU. por parte de funcionarios al servicio del Ministerio del Interior español".
En concreto, hace referencia a la nota informativa elaborada por el comisario Villarejo que dirigía a sus superiores del Ministerio y fechada el 21 de diciembre de 2014 (adjuntada en esta información), y que fue ratificada por él mismo a la batlle de Andorra, en este caso como testigo. Esta nota, que lleva por título Sumario Pujol, relata determinadas actividades ilegales desarrolladas por el comisario Marcelino Martín Blas, al cual se refiere por sus iniciales, MMB, para recopilar pruebas contra la familia Pujol. Añade que "Villarejo reconoce en esta nota, de manera nítida, que Martín-Blas estaba falsificando datos económico-financieros sobre BPA, dando cuenta de estos datos al gobierno andorrano"; y que" Martín-Blas, en su condición de máximo responsable policial, informó de los detalles de sus gestiones en Andorra a Carles Fiñana, director de la Unidad de Investigación Financiera de Andorra, confesándole que incluso había conseguido en este país documentos protegidos por el secreto bancario y revelándole que se estaba solicitando la ayuda cómplice del servicio de detección de blanqueo del Tesoro americano (FinCEN), para condicionar un contexto duro contra el BPA". Por lo tanto —insisten los Cierco— "no solo se estaban fabricando datos falsos sobre BPA, sino que, adicionalmente, se buscaba la colaboración del FinCEN en esta actividad".
En esta nota de Villarejo también sostiene que Martín-Blas habría hablado con Anton Smith, agregado económico de la embajada de los EE. UU. en Madrid, y le habría comunicado en agosto de aquel 2014 una supuesta preocupación por la BPA, señalando el riesgo que pudiera acabar siendo un lugar de refugio y blanqueo de fondos de dudoso origen, fijando especial atención en la venezolana. Para la familia Cierco, "de este pasaje se desprende, claramente, que los funcionarios españoles, además de la citada falsificación de datos respecto de BPA, se aproximaron a las autoridades norteamericanas, con el fin de despertar una preocupación general en relación con BPA".
La familia Cierco también hace referencia a la nota informativa fechada el 20 de enero de 2015, donde el comisario Villarejo acusa a Martín-Blas de estar desinformando al FinCEN sobre la BPA. En concreto, afirma que "no es explicable tanto interés en que se esté desinformando al servicio de detección del Tesoro americano (FinCEN), por el ataque a BPA, a no ser que existan otros intereses que se desconocen". El 10 de marzo de 2015 el FinCEN emitió la nota sobre sospechas de blanqueo, que provocaron la intervención de esta entidad y del Banco de Madrid.
Contra Sepblac
Los Cierco también denuncian que el Sepblac habría estado implicado en la liquidación de los dos bancos. En la reclamación, precisa que esta unidad, que depende del Ministerio de Economía, abrió un procedimiento inspector a Banco Madrid, y que estuvo paralizado entre mayo de 2014 y febrero de 2015. "Es muy probable que desde la dirección del Sepblac se conocía que la nota del FinCEN iba a ser emitida con fecha de 10 de marzo de 2015. Por eso, se resucitó el procedimiento inspector pocos días antes, aprobándose el Informe de Inspección de alcance general, con fecha de 25 de febrero de 2015," denuncia la familia Cierco, que recuerda que el inspector Barroso le habló de esta inspección a Miquel. Y finalmente, con la nota de los norteamericanos, el 12 de marzo de 2015 se abrió un expediente sancionador al Banco Madrid.
Todas las sospechas e investigaciones contra Banco Madrid se archivaron y la familia recuerda que el juzgado Mercantil 1 de Madrid declaró el concurso de la entidad bancaria como "fortuito", es decir, que no se apreció que se hubiera cometido ninguno ilícito por parte de los gestores, que provocaran su situación de insolvencia, debido a su intervención.
Por todo eso, la familia Cierco reclama una indemnización millonaria al Estado español porque "funcionarios y autoridades españoles realizaron actividades ilícitas", que provocaron la intervención de los dos bancos.