Reclamación desde Andorra. El instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA), que ejerce la acusación popular con la asociación catalana Drets en la causa de la Operación Catalunya en la parte andorrana, han solicitado a la jueza de Instrucción especializada 2 de Andorra, que vuelva a exigir la declaración como querellados del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de los exministros del PP, Cristóbal Montoro, y Jorge Fernández Díaz, ya que ha pasado más de un año desde que lo solicitó a través de una Comisión Rogatoria Internacional (CRI), que inicialmente se aceptó por un juzgado de Madrid, pero luego se rechazó y continua bloqueado en los tribunales españoles.
Los dos abogados Alfons Clavera y Agustí Carles, personados para defender "la soberanía de Andorra", han presentado ahora una ampliación de la querella, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, este jueves. En el escrito, las dos entidades afirman que Rajoy "como exjefe del Gobierno tendría que dar ejemplo y presentarse ante la justicia andorrana para aclarar lo que pasó". Para Drets e IDHA, el gobierno del PP "realizó una operación de Estado contra el independentismo catalán en Andorra", que perjudicó al Principado, y provocó la liquidación la Banca Privada Andorrana (BPA), cuyos directivos son acusación particular en este procedimiento.
Bloqueado en Madrid
El expresidente español Mariano Rajoy y los exministros populares consiguieron que los tribunales españoles frenaran su interrogatorio en Andorra, aduciendo que tienen inmunidad, puesto que cuando tuvieron lugar los hechos que se investigan ostentaban cargos públicos. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado los ha apoyado, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que resolver todavía este extremo. En el procedimiento, el gobierno español sí que expresó la inmunidad de Celestino Barroso, agente de la policía patriótica española acusado de haber presionado a los propietarios del BPA, los hermanos Cierco, y al CEO del banco, Joan Pau Miquel, para que les facilitara si tenía cuentas de la familia Pujol Ferrusola, Artur Mas, Xavier Trias y de Oriol Junqueras.
Nuevo querellado
Hasta ahora, se han personado en el juzgado andorrano algunos de los querellados, pero no los principales, a quienes se les acusa de asociación ilícita, falsedad documental e ir contra las instituciones andorranas. En el voluminoso escrito, la acusación particular pide una nueva imputación: el comandante de la Guardia Civil Basilio Luis Sánchez Portillo, a quien se le atribuye haberse entrevistado con responsables de las autoridades norteamericanas (FinCEN), en las causas Petrov y Gao Ping, y que podría haber intervenido en dar información falsa sobre el BPA, por cuya gestión ahora hay un juicio penal abierto en Andorra.
Informe pendiente
En el escrito, de más de cien páginas, también se detalla que todavía no se ha presentado el informe que la juez encargó a los agentes de la policía judicial de la unidad de investigación económica y financiera que actuaron en la causa de la liquidación de la Banca Privada Andorrana (BPA) para que hagan “las investigaciones oportunas para el esclarecimiento de la verdad” sobre la Operación Catalunya en la parte andorrana, así como “les autoriza a intercambiar información con los cuerpos judiciales extranjeros en particular los españoles”.