El abogado Gonzalo Boye ha explicado en la red que hoy ha recibido a la extraña visita de dos vigilantes de una empresa de seguridad diciendo que había saltado la alarma de la casa, pero resulta que él no tiene contratada esta marca.
"Securitas Direct acaba de enviarme a dos vigilantes a casa porque, según ellos, allí ha saltado la alarma. Lo que es extraño es que en casa no tengo alarma de Securitas", ha añadido.
Todo eso ha sucedido después de que el año pasado, en el 2020, el domicilio del abogado fue asaltado en dos ocasiones, en enero y en septiembre. Según declaró el mismo Boye, en los dos casos se produjeron problemas con esta empresa de seguridad, y no se pudieron determinar los autores a través de imágenes. En el primer caso la empresa adujo "problemas técnicos" y en el segundo se activaron las cámaras pero tampoco se consiguieron las imágenes.
Así es como Boye explicó el segundo asalto.
Según el abogado, en las dos irrupciones se produjeron destrozos pero los malhechores no se llevaron nada. Y apuntó que quizás lo que intentaban era dejar alguna cosa. "Se tendrá que determinar lo que pueda faltar y, sobre todo, lo que pueda sobrar", indicaba después del asalto de septiembre.
Todo eso pasó cuando Boye estaba ajetreado en la defensa jurídica del president en el exilio, Carles Puigdemont, y por la ofensiva de algunos sectores del poder judicial para apartarlo de la abogacía.
Condena de abogados
La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía del ICAB (Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona), condenó "firmemente" en su día, la entrada "ilegal" en el despacho de Isabel Elbal y Gonzalo Boye la noche del 12 de septiembre.
El colectivo recordó que era el segundo asalto a los dos compañeros de profesión en nueve meses y les dio "pleno apoyo". En más advirtieron que cuándo la abogacía es "la diana de este tipo ataques intimidatorios, se ataca el Estado de Derecho", dado que, afirman, la finalidad es "desestabilizar e intimidar" a los profesionales de la abogacía y el Derecho de Defensa.
Aparte, el colectivo alertó de "la amenaza" de que representa para el ejercicio de la abogacía identificar al letrado con la causa que defiende y "no defender" la independencia e integridad del libre ejercicio de la profesión.
Por todo ello exigieron al Estado español y al Consejo General de la Abogacía Española que "condenen estas intromisiones ilegales", que "adopten las medidas necesarias" para aclarar los hechos y que protejan la "función democrática" de la abogacía.