El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ha enviado un informe a todas las cancillerías para informar de que el 1 de octubre "los catalanes podrán decidir su futuro político". A través del informe, el Govern asegura que "sigue trabajando en la organización del referéndum" a fin de que "los ciudadanos puedan ejercer su derecho libremente". También expone que, a pesar de "los esfuerzos del Gobierno para impedir el referéndum", los ciudadanos catalanes "pueden consultar qué colegio electoral tienen asignado" y que hay "más de 100 observadores internacionales acreditados por la Comisión Electoral de Catalunya". El informe también subraya las acciones que el Gobierno ha llevado a cabo en las últimas semanas para impedir el referéndum.
El Govern de la Generalitat denuncia que "un fiscal ha abierto una investigación contra las manifestaciones", que el Ministerio de Exteriores español "ha anunciado un gran despliegue de fuerzas policiales" y que "se han cerrado 140 webs" que informaban sobre el referéndum. "La represión no puede ser nunca la respuesta", apunta.
El informe enviado a las cancillerías resume todas las acciones que el Govern de la Generalitat ha llevado a cabo durante estas últimas semanas porque el referéndum del 1-O se pueda celebrar, así como las acciones del Gobierno para impedirlo.
700 actos por todo Catalunya
Con respecto a las acciones del Govern de la Generalitat, remarca que "los ciudadanos que tienen que estar en las mesas electoral empezaron a recibir las notificaciones desde el día 26 de septiembre" y que "partidarios del 'sí' y del "no" han participado en el acto de final de campaña, que se han celebrado más de 700 actos de campaña por toda Catalunya". Además, subraya que, según una encuesta reciente, "el 82% de los catalanes están a favor de la celebración de un referéndum".
En relación con las acciones del Gobierno por impedir el referéndum, el informe denuncia "el gran despliegue de agentes de la policía en Catalunya", que "15 personas han sido interrogadas y acusadas por haber duplicado páginas web previamente cerradas por la policía" y que "el Tribunal de Cuentas ha ordenado al anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a tres consellers a pagar más de cinco millones de euros por sus responsabilidades" en la organización del 9-N.
Finalmente, el Govern denuncia que "el objetivo de las leyes y del sistema judicial no es abolir o limitar derechos y libertades, sino protegerlas". "Es por este motivo que el domingo los catalanes decidirán su futuro político mediante el voto", concluye el informe.