La presidenta del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas, Anne Weyembergh, afirma que hay base para que el juez que este viernes escuchará al presidente Carles Puigdemont y los consellers cesados por el gobierno español deniegue su extradición. Weyembergh asegura al ACN que las autoridades belgas pueden dictaminar que hay "riesgos serios de vulneración de derechos humanos" en caso de entrega y afirma que "eso podría ayudar a los que están en la prisión" en Madrid. El mecanismo de la euroorden no es "automático", recuerda, afirmando que "el juez belga puede decidir denegar su ejecución". Como motivos para el juez para aceptar la extradición, Weyembergh habla del "principio de confianza mutua entre estados", pero advierte que en cualquier caso, la decisión "es jurídica, no política".

Anne Weyembergh también expone que las autoridades belgas tendrán que comprobar si el doble requerimiento de criminalidad se cumple en la petición de extradición de Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí. "Y uno tiene un problema, aquí, porque aunque el código penal belga recoge los delitos de sedición o rebelión, las definiciones no son las mismas que en España," señala.

En este sentido, el especialista en cooperación judicial y policial europea explica que la euroorden es un mecanismo que intenta simplificar entre los estados miembros de la UE el proceso normal de extradición. Mientras que en un proceso convencional hay un requerimiento de doble criminalidad -los hechos delictivos por el cual se requiere una persona tienen que estar previstos tanto en la ley del estado que reclama la extradición como en la del estado donde se encuentra- con la orden de detención europea este requerimiento se ha suprimido en 32 casos de delito.

"El problema aquí es que los delitos por los cuales se acusa Puigdemont no están en esta lista y pienso especialmente en sedición y rebelión", afirma la presidenta del IEE. Es decir, que el requerimiento de doble criminalidad se aplica y por lo tanto los delitos tienen que estar contemplados en la legislación belga, que prevé definiciones y penas diferentes. "Así dependerá del juez valorar, en primer lugar evaluar si hay un riesgo real y serio para los derechos fundamentales y también si el doble requerimiento se cumple o no", dice. De hecho, recuerda, el abogado belga de Puigdemont, a Paul Bekaert, ya dijo que haría uso de estos elementos en contra de la petición de extradición.

Preguntada por si una negativa por parte de la justicia belga puede ayudar a los consellers encarcelados en Madrid, la entrevistada dice que "directamente no" pero asegura que "por descontado" el hecho de que Puigdemont viniera a Bruselas ha puesto más foco sobre el caso y de esta manera ha ayudado a los otros". "Si las autoridades dicen que hay un riesgo de vulneración de derechos humanos en caso de extradición, eso podría ayudar a los que están en la prisión", afirma, en este sentido.

Posibilidades que se acepte la extradición

Preguntada por qué posibilidades cree que hay sobre la ejecución de la extradición, Weyembergh ofrece dos perspectivas diferentes. "Si piensas en el principio de confianza mutua entre estados las posibilidades que se acepte la extradición son elevadas", dice. Con todo, matiza que de acuerdo con las razones para denegar la extradición, "y especialmente en el requerimiento de doble criminalidad", ha posibilitado que la decisión sea negativa.

"Insisto, sin embargo, en que la decisión dependerá de las autoridades judiciales y no políticas", comenta durante la entrevista. Destaca que es "muy importante" recordarlo porque una de las mejoras "mayores" introducidas con la orden de detención europea ha sido "la despolitización del procedimiento". "Por lo tanto no hay ningún margen para una decisión política aquí, es únicamente judicial", concluye.

Procedimiento judicial y plazos

El president Carles Puigdemont y los consellers cesados por el gobierno español que se encuentran en Bélgica tienen una cita con la justicia este viernes al mediodía, cuando se celebrará la vista con el juez que tiene que decidir sobre la orden de detención europea emitida por las autoridades españolas. Fuentes de la fiscalía han explicado que la decisión del juez no se hará pública, necesariamente, aquel mismo día, ya que puede deliberar durante varias jornadas.

La decisión que tome el juez del Consejo del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, sin embargo, no será definitiva. Está la posibilidad tanto para la Fiscalía como para la defensa de recurrir la decisión ante el Tribunal de Apelaciones, que dispondrá de 15 días más para tomar una nueva decisión. Todavía entonces se podrán presentar recursos ante el Tribunal de Casación. "La decisión final está prevista en dos meses desde el arresto pero con la posibilidad de extenderlo un mes más. Por lo tanto, estamos hablando de un máximo de tres meses en total", dice la experta en derecho.