Josep Fèlix Ballesteros, el histórico alcalde socialista de Tarragona (2007 al 2019), finalmente será juzgado por corrupción por el caso Inipro, que estalló en 2013 y se le procesó en 2018. La sección 2.ª de la Audiencia de Tarragona comienza este viernes el juicio contra Ballesteros, que fue concejal en la oposición hasta 2023, y otras ocho personas más por corrupción por supuestamente beneficiar al Partit dels Socialistes. La Fiscalía pide cinco años y 10 meses de prisión para el exalcalde, frente a los 13 años que solicita la CUP, que ejerce de acusación popular. El PSC es acusado como partícipe a título lucrativo y tuvo que depositar una fianza de 276.157 euros. El exalcalde socialista, ahora apartado de la política, siempre ha mantenido su inocencia. Si finalmente Ballesteros es condenado, el tribunal se verá obligado a rebajarle la pena por dilaciones indebidas, ya que la causa ha tardado más de ocho años en llevarse a juicio.
La causa se centra en el contrato suscrito en el año 2010 entre el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó supuestamente al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012. Oficialmente, el contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de población inmigrante, pero, según el juzgado de instrucción 1 de Tarragona, estos trabajos no han quedado acreditados en las memorias justificativas y, realmente, lo que se llevaba a cabo eran actividades en beneficio del PSC.
El juicio se ha repartido en unas veinte sesiones y los acusados, como ya es habitual, declararán al final, entre el 4 y el 18 de noviembre que viene, según el guión confeccionado por el tribunal.
Los delitos
En su escrito de acusación, la Fiscalía imputa a Ballesteros los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil. La CUP, por su parte, añade en su escrito los delitos de alteración de precios en subastas y concursos públicos, soborno, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de la función pública.
La Audiencia de Tarragona desestimó los recursos de apelación de los principales acusados, en mayo de 2020, al considerar que existen indicios suficientes de delito. Además del exalcalde, también serán juzgados: la exconcejala del PSC Begoña Floria; la exconcejala Victòria Pelegrín; el exgerente del IMSS, Antonio Muñoz; el exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contratado por Inipro y vinculado con el PSC; José Gallet, administrador de la empresa Gallet; Enrique Manuel Miró, administrador de Itinere Serveis Educatius; y Enriqueta Aznar, técnica del IMSS.
El tribunal dictó el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a la funcionaria municipal Araceli Saltó; y los trabajadores Maria Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano y Mario Bulzuri. El juez de Tarragona considera que Lozano, Baltaretu Cepero y Bulzuri son partícipes a título lucrativo, como el PSC, a los cuales también pidió fianzas de 276.121 euros (Mangini), de 137.276 euros (a Carlos y Vasile y Judit) y 138.585 euros (a Mario).
La vista se inicia este viernes y se centrará en las cuestiones previas planteadas por las partes personadas.